El pasado 28 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideró que no hay sobrerrepresentación de Morena en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, pues la repartición quedó establecida desde la conformación del convenio de coalición electoral, por lo que no hay “fraude a la ley”.
Una decisión que atenta contra el principio del equilibrio de poderes. La autoridad electoral debe garantizar que cada fuerza política cuente con representación en ambas cámaras, que refleje una votación equiparable al voto ciudadano. No fue así.
Y es que, de acuerdo con la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), permite una sobrerrepresentación máxima de 8 por ciento a cada partido.
Morena ganó 191 diputados con el 38 por ciento de la votación. Pero tendrá 252 diputados, es decir poco más de 50 por ciento de las curules. Ello significa un 12 por ciento de sobrerrepresentación.
Eso implica que el resto de partidos (ahora la oposición formal), estarán en conjunto subrrepresentados en ese mismo monto. La cláusula que benefició durante años al PRI ahora favoreció a López Obrador, y con creces.
Sin embargo, el argumento del TEPJF es que, al haber ido en alianza con dos partidos más –PES y PT–, la magistrada presidenta, Janine Otálora, sostuvo que el problema se registra desde el convenio de coalición, y no en los nombres y el partido al que pertenecen quienes ocuparán las curules, por lo que no se acredita “fraude a la ley”, de tal manera que metodología del INE “fue correcta”.
En contraste, el magistrado Reyes Rodríguez, apuntó que ningún partido debe contar con más de 300 diputados o exceder el 8 por ciento de la votación nacional, y sostuvo que se debe revisar a qué partido pertenece quien ocupará la curul para evitar la mayoría relativa.
Dicta el dicho popular: “nadie sabe para quién trabaja”. Al parecer el TEPJF sí y es claro para quien labora. Ello luego de “anular” la sobrerrepresentación de Morena y suspender la histórica multa a dicho partido por caso 197 millones de pesos por las irregularidades del Fideicomiso “Por los Demás”.
