El gobierno que prometió ser diferente y cambiar las irregularidades que existían en el pasado quedó solo en promesas. No solo siguen siendo iguales o peores que los anteriores, sino todavía tienen el cinismo de negar y mentir lo que es evidente.
De acuerdo a un documento en poder de El Universal, hay 97 denuncias contra los llamados “superdelegados” del gobierno federal pero ninguna tiene sanción o castigo. Además, de esas denuncias, 86 están en trámite y las 11 restantes fueron concluidas para después ser archivadas por falta de elementos.
Hace unos meses, en enero, durante conferencia de AMLO, la secretaria de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, señaló que contaban con 102 denuncias contra exdelegados y delegados; informó que 24 de ellas ya había sido concluidas sin elementos ni posibilidad de continuarlas, pero ocho ya estaban en proceso de responsabilidades”.
Sin embargo, al ser consultada recientemente por dicho diario, la Secretaría de la Función Pública confirmó que cuenta con 97 denuncias, conteo que fue entregado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en el proceso de un recurso de revisión, porque las secretarías de Bienestar y de la Función Pública no consideraban entregar parte de la información por estimar que debería ser confidencial, señaló El Universal.
Ante la discrepancia entre las cifras de las 102 denuncias por Sandoval y las de la Secretaría de Función Pública, se interpuso el recurso de revisión ante el Inai. Por lo que así fue como sumaron en total 97 sanciones.
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Entre los acusados se encuentran, Carlos Lomelí Bolaños, ahora exdelegado del Bienestar de Jalisco, que fue acusado por formar una red de empresas farmacéuticas junto a familiares y amigos que vendieron medicamentos a sobreprecio a diversos gobierno. Dichas compras ocurrieron incluso en el gobierno actual.
Sin embargo, hasta la fecha, no existe sanción alguna por parte de la SFP contra Lomelí Bolaños ni contra ningún delegado de Bienestar.
Otro de los casos más sonados, fue el del superdelegado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, hermano de la titular de la Función Pública, el cual enfrenta una denuncia interpuesta por supuesto uso de ayudas sociales para promocionarse.
En este caso, por ser tan cercano al gobierno, la SFP respondió que no podían dar detalles de las investigaciones abiertas y sugirió pedir información vía transparencia.
Para concluir, las denuncias contra estos superdelegados se dieron por “pedir dinero para ir a un evento, uso de recursos públicos para rubros distintos a los establecidos en la norma, faltas administrativas en manejos de programas sociales, irregularidades en el manejo de programas sociales y malos manejos en entregas de tarjetas, entre otras.
Hasta ahorita no se sabe que alguien haya declarado o haya sido sancionado pese a las pruebas.
Con información de El Universal
AIS
