Durante el sexenio del panista Felipe Calderón se dijo que las prisiones en México se encontraban rebasadas en número por lo que se optó por construir penales federales con dinero privado. Pese a que cuentan con un contrato hasta el 2032 en donde reciben 10 mmdp por año, estas prisiones sólo operan en un 43.2 por ciento por debajo de su capacidad total.
Ante esta situación el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) dio a conocer que dichas instituciones no cuentan tampoco con el personal necesario para albergar al cien por ciento a los reclusos con situación jurídica de procesadas.
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Pese a que la operación de estos penales se dio en 2011, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se continuó pagando hasta 40 mil millones de pesos con menos de la mitad de uso de las instalaciones. Cifra por la cual la Auditoría Superior de la Federación acusa al OADPRS de entregar presupuesto a penales que no requieren tantos recursos debido a su poca demanda.
Ahora el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador deberá encontrar cómo darle uso a estos lugares pues los centros penitenciarios públicos se encuentran rebasados y, si se realizará el gasto hasta 2032, deberían ser aprovechados por la administración actual.
