De acuerdo con medios locales, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, solía presumir la buena relación que tenía con Enrique Peña Nieto. El mandatario presumía haber sido el primer gobernador que lo destapó como presidenciable en 2011 y que por eso mismo, el presidente le tenía mucha estima. Duarte incluso se atrevió a declarar en una ocasión: “Nunca he tenido un “no” del Presidente. A todo lo que le he pedido siempre me ha dicho que sí”.
Si la relación entre Peña y Duarte fue así en algún momento, es claro que dejó de serlo. El primer “no” de Peña llegó cuando el gobernador de Veracruz quiso hacer su propia reforma anticorrupción. Duarte pretendía preparar su salida del gobierno estatal y dejar atrás los escándalos que lo persiguen por la celebración de contratos con empresas fantasma. Ahora, el segundo “no” llega cuando su gobierno intentó crear su propio Comité Estatal de Seguimiento (CES) al Servicio Profesional Docente.
Y es que por si faltaran crisis con el conflicto con la CNTE, ahora la aplicación de la Reforma educativa enfrenta obstáculos impuestos por el gobierno de Veracruz. Este viernes, Milenio dio a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto interpuso –a través del Consejero de la presidencia Humberto Castillejos– una controversia constitucional en contra del gobierno de Duarte por el acuerdo publicado el 19 de mayo en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, y a partir del cual se creó el Comité Estatal de Seguimiento al Servicio Profesional Docente 2016-2017.
De acuerdo con la interpretación de la Presidencia de la República, el acuerdo en cuestión contraviene lo establecido en la Reforma Educativa –específicamente en la Ley General de Servicio Profesional Docente–; al momento en que dota a dicho Comité con las facultades para “vigilar los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia” de los maestros en su entidad, el acuerdo atenta contra los estatutos federales y las atribuciones de la Federación en materia educativa.
De esta manera, los dos “no” de Enrique Peña Nieto ponen un freno a la idea de Duarte y del Congreso local de que el estado se puede regir por sus propias leyes. Los intentos por crear un comité de evaluación de la docencia y un sistema anticorrupción propios parecían llevar a Veracruz –una entidad de los Estados Unidos Mexicanos– a convertirse en “Veracruzlandia” un país con leyes totalmente distintas a lo establecido en la Carta Magna.
Lo que Duarte y al Congreso local olvidaron es que –al ser parte de la Federación– toda entidad federativa debe hacer coincidir sus leyes con la Constitución y las leyes federales, y que en todo momento, éstas tienen un rango superior a cualquier ley local.
Por lo pronto, la acción de inconstitucionalidad en contra del sistema anticorrupción veracruzano será discutida en el segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del 1 de agosto. De igual modo, la acción en contra del acuerdo que creó el Comité Estatal de Seguimiento al Servicio Profesional Docente fue admitida a trámite desde el 4 de julio. Todo parece indicar que ambas acciones de inconstitucionalidad procederán y que al gobierno de Duarte ya no lo respaldan ni el presidente, ni su partido, ni la ley.
