El pasado 26 de noviembre se anunciaron los 147 proyectos señalados por el gobierno federal, dentro del Plan Nacional de Infraestructura 2020-2024, para recibir inversiones privadas.
Esa vez, se dejaron fuera de dicho paquete los de energía y salud, para ser presentados de manera independiente en enero de 2020.
El miércoles 8, el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que sería hasta febrero cuando se firmaría el plan de inversión conjunta entre los sectores público y privado en el primer rubro.
Pero la semana pasada, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, lanzó un balde de agua helada sobre las expectativas de la iniciativa privada pues los planes, dijo, no incluían farmouts ni rondas petroleras. “No se entretengan en eso”, advirtió. “Esas no van”.
A reserva de ver finalmente qué se anuncia el 15 de febrero –fecha tentativa para conocer lo que sí va–, el gobierno parece muy confiado en sacar adelante a Pemex mediante un plan eminentemente estatista.
No importa que Pemex tenga que pagar más de 20 millones de dólares al día como servicio de una deuda que ronda los 100 mil millones de dólares. Ni tampoco que, pese a las estimaciones oficiales de que el año pasado lograría elevar la extracción de petróleo, se quedó en un nivel de un millón 678 mil barriles por día, una caída de 7.4% respecto de 2018.
La menor disponibilidad de crudo y la política de dar prioridad a las necesidades de las refinerías llevó a que, en 2019, la exportación de petróleo cayera al nivel más bajo de los últimos 30 años: un millón 103 mil barriles al día, 6.8% menos que en 2018, una caída de 4.1 miles de millones de dólares.
En esas condiciones, ¿puede el gobierno federal continuar por la misma ruta trazada para Pemex? De hacerlo, no tardará en ser despertado por un golpe de realidad, como le acaba de suceder a Venezuela.
Y es que ante el colapso económico y las rígidas sanciones que enfrenta el país sudamericano, el dictador Nicolás Maduro propuso otorgar participaciones mayoritarias y control de su industria petrolera a corporaciones internacionales, una medida que terminaría con décadas de monopolio estatal, informó Bloomberg el lunes.
Si eso pasa en la cuna del llamado “socialismo del siglo XXI”, México debería poner sus barbas a remojar y no aferrarse a la visión ideológica del pensamiento posneoliberal, sobre todo si, al hacerlo, corre el riesgo de castigar el crecimiento del país y poner nerviosas a las agencias calificadoras.
Sin animarse a cancelar la reforma energética, el gobierno ha sostenido que dejó de aplicarla porque no había dado resultados en producción de petróleo. Si ése es el criterio, tendría que revisar su estrategia alterna porque tampoco ha funcionado.
En este tema, el tiempo que se gane por la firma del T-MEC será como la sensación que tiene aquel hombre quien, en caída libre, se consuela de que, al pasar por el octavo piso, aún no ha sentido el golpe.
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BUSCAPIÉS
*Hoy se cumplen ocho meses de que la senadora Citlalli Hernández Mora, de Morena, denunció que había sido atacada mediante un supuesto paquete explosivo disfrazado de libro, que alguien había mandado a su oficina. En todo este tiempo, no se ha concluido la investigación para conocer la naturaleza de los hechos, pero, desde que se denunciaron, la legisladora cuenta con tres policías para mantenerla segura, informó ayer la reportera Leticia Robles de la Rosa en las páginas de Excélsior. Otros dos senadores del oficialismo –Alejandra León y Juan José Jiménez– cuentan con la misma protección. Pregunte quién paga el salario de esos policías y también por qué, en un país en el que todos sus habitantes están en riesgo, ellos tienen ese privilegio.
