El PAN presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra el Instituto Nacional Electoral (INE) ante su omisión en la emisión de medidas suficientes que garanticen un proceso electoral libre de violencia e intervención del crimen organizado.
Denuncian omisiones y deficiencias para evitar infiltración del crimen
Marko Cortés, dirigente nacional blanquiazul, denunció que el órgano electoral ha omitido dar cumplimiento a las sentencias para generar mapas de riesgo, convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública y electorales y crear filtros de investigación que servirán para frenar la intromisión de personas ligadas a grupos criminales y blindar las elecciones de este año frente a la criminalidad.
Señaló que las acciones ordenadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral han sido atendidas de manera deficiente, incluso se han incumplido totalmente.
Tal es el caso -dijo- del diseño y metodología de planes de acción en procesos electorales en zonas conflictivas o de riesgo, donde no se ha definido una estrategia para garantizar la seguridad de todos los actores.
“Tampoco se han elaborado mapas de riesgo ni tampoco se han creado filtros para que en las candidaturas los partidos y autoridades cuenten con información veraz y precisa para evitar la infiltración de personas de grupos criminales”, puntualizó.
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Detalló que desde la emisión del protocolo en diciembre de 2022 a la fecha, únicamente se han realizado dos mesas de trabajo, dos informes, uno en diciembre de 2023 y otro en enero de 2024, y el esquema de seguridad de candidaturas resulta deficiente pues propone un análisis de riesgos posterior a los hechos de violencia y amenazas, lo que implica una actuación reactiva y no preventiva.
Señaló que el protocolo solo prevé la protección de algunas candidaturas, sin tomar en cuenta que en el proceso electoral se renuevan más de 20 mil cargos, y son las candidaturas a nivel local las que tiene un mayor riesgo, incluidos los encuestadores, funcionarios y representantes de casilla, y nadie de ellos están contemplados.
Dijo que tampoco se han elaborado mapas de riesgo ni se han creado filtros para que en las candidaturas los partidos y autoridades cuenten con información veraz y precisa para evitar la infiltración de personas de grupos criminales.
Además de que el esquema de seguridad de candidaturas resulta deficiente porque propone un análisis de riesgos posterior a los hechos de violencia y amenazas, lo que implica una actuación reactiva y no preventiva.
Piden que INE tomar precauciones para evitar financiamiento del crimen
Por ello, Cortés Mendoza promovió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral un incidente de incumplimiento de las diversas sentencias, por la omisión del Consejo General del INE de emitir medidas suficientes para garantizar un proceso electoral libre de violencia e intervención del crimen organizado.
“Hacemos un llamado urgente a que se tomen en consideración todas estas observaciones porque nos encontramos ante uno de los procesos electorales más grandes de la historia de México, el cual se encuentra en riesgo por la creciente violencia que vive el país”, dijo.
Advirtió que si no se toman las medidas necesarias se corre el riesgo de que el voto deje de ser libre, secreto, directo, personal, intransferible y universal.
Además, los candidatos pueden ser obligados a no postularse o declinar.
Asimismo, que se coaccione a los funcionarios de casilla para que no asienten la existencia de irregularidades, alteración y distorsión de resultados electorales.
Incluso, señaló, hay un enorme riesgo de financiamiento ilícito, por lo que es necesario que la autoridad electoral realice las previsiones e investigaciones que se requieran para evitar que el dinero del crimen sea inyectado en las campañas electorales.
Con información de MVS Noticias y Latinus
MSA
