De un momento a otro la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal podría dar a conocer que fue resuelto el crimen quíntuple de la Colonia Narvarte.

Y es que según revelaciones de los coadyuvantes, de acuerdo a la revisión minuciosa de los expedientes del caso y la respectiva verificación de datos con distintas autoridades, se cuenta con la narrativa no sólo de los hechos sino el modus operandi, el móvil del crimen y, sobre todo, quedó establecido a plenitud la relación que existe entre los tres presuntos responsables y la de éstos con las víctimas.

De esa manera –y gracias a un intenso trabajo de gabinete, al empleo de tecnología y a un equipo especializado ordenado por el jefe de gobierno–, se pudo determinar que no existió ninguna relación entre el “periodista” Rubén Espinosa, los presuntos criminales y el móvil del crimen.

La síntesis del caso es que el “periodista” se encontraba en el lugar y la hora equivocados –lo que incluso han aceptado los coadyuvantes–, y que los presuntos criminales iban por un cargamento de cocaína que había recibido la joven Mile Virginia Martín.

De acuerdo a la información recabada la conclusión es la siguiente.

1.- A pesar de las especulaciones, en el crimen sólo participaron tres hombres; Daniel Pacheco Gutiérrez, Abraham Torres Tranquilino y Omar Martínez Zendejas.

2.- El trabajo de gabinete permitió reconstruir en más del 90% la cronología de los hechos, incluido el seguimiento –minuto a minuto y a través de cámaras de video–, de los tres criminales, quienes se desplazaron desde el domicilio de uno de ellos –Omar Martínez Zendejas–, hasta el lugar del crimen, en la colonia Narvarte.

3.- Durante las casi seis horas de seguimiento de vehículos involucrados –una camioneta Suburban y el mustang color rojo–, nunca apareció un tercer vehículo implicado, tampoco más participantes y siempre quedó claro que los presuntos culpables iban por un objetivo predeterminado.

5.- De acuerdo al uso de tecnología se pudo probar que antes, durante y después del crimen existió comunicación entre los presuntos culpables y por lo menos una de las víctimas; la mujer de origen colombiano.

6.- A pesar de que en sus respectivas declaraciones por lo menos dos de los tres presuntos culpables negaron tener relación entre ellos, lo cierto es que se estableció de manera científica que existió comunicación entre ellos no sólo al momento de salir del lugar del crimen, sino durante la huida e incluso los días siguientes al crimen, antes de ser detenidos.

7.- Tampoco se probó que durante la huida la policía haya detenido a alguno de los vehículos que utilizaron para la fuga –como aseguró en su declaración Abraham Torre Tranquilino–, a pesar de que durante parte del escape la camioneta Suburban empujó al automóvil rojo que –como se aprecia en los videos que constan en el expediente–, había sufrido una avería.

8.- Según los mismos videos que constan en el expediente, se aprecia el momento en que los tres presuntos criminales se reparten el botín de lo robado. Casualmente en el auto recuperado se encontraron huellas de cocaína en la cajuela; droga que habrían repartido en plena calle, muy cerca del lugar donde todo empezó, a pocos metros de la casa de Omar Martínez.

9.- De una revisión cuidadosas de todo el expediente, nada lleva a suponer que los presuntos criminales conocían al “periodista”.

¿Y el ataque a la libertad de expresión? ¿Y el crimen de Estado? ¿Y el montaje mediático? ¿Y las mentiras?

Al tiempo.

Tomado de El Universal

Durante su campaña para alcanzar la dirigencia nacional del PAN el joven Ricardo Anaya abrazó la bandera de la honestidad y la lucha contra la corrupción. En simpáticos actos de fe prometió que en su gestión el partido azul no toleraría corruptelas.

Sin embargo, una cosa es el discurso y otra muy distinta la terca realidad. Y es que Anaya no terminaba de lanzar arengas contra los corruptos azules cuando dos gobernadores del PAN dejaban sus respectivos cargos en medio de groseros escándalos de corrupción.

Por ejemplo, hace días, Guillermo Padrés dejó el gobierno de Sonora en medio de sonados escándalos de corrupción que van desde la venta de niños, pasando por la cuestionada construcción de una presa y el sobregiro de 10 mil millones de pesos que duplicaron la deuda pública de la entidad, además de acusaciones de enriquecimiento ilícito y una deuda descomunal con proveedores.

El escándalo fue tal que en su discurso de protesta la gobernadora entrante, la priísta Claudia Pavlovich prometió que su gobierno no toleraría corruptelas y que ninguno de los gobernantes enriquecidos en administraciones salientes disfrutaría del dinero mal habido.

Lo cierto es que mientras envejece el bla, bla, bla de Ricardo Anaya contra la corrupción, el panista Guillermo Padrés se va con los bolsillos llenos y la gobernadora entrante del PRI inicia su gestión con actos al más puro populismo. Sólo buenas intenciones contra la corrupción.

El segundo caso es el de Marcos Covarrubias, gobernador saliente de Baja California Sur, también del PAN, quien deja el cargo acusado entre muchas otras irregularidades, de entregar al menos ocho notarías a sus cercanos.

Resulta que Ricardo Cevallos Valdez,  presidente del Colegio de Notarios, denunció diversas violaciones en la entrega de cuatro patentes notariales promovidas por el exgobernador panista Marcos Covarrubias, justo un mes antes de dejar el cargo.

El mandatario saliente otorgó las notarías 29, 30, 31 y 32 a Gamil Arreola Leal, exprocurador de justicia de su gobierno; a Gonzalo Hernández Lezama –hermano de la esposa del gobernador, María Helena Hernández–, a Erich Pius Kaufmann Cervantes, abogado de su familia y a Francisco Javier López Velderrain, amigo del hermano del gobernador. El 10 de agosto pasado hizo la convocatoria y al día siguiente, el 11, se emitieron las cuatro patentes.

Pero no fue todo. El lunes 7 de septiembre del 2015, Marcos Covarrubias –quien aún fungía como gobernador de Baja California Sur–, creó cuatro notarías más: la 33, 34, 35 y 36.

El mandatario trató de justificar la asignación con otra convocatoria por la vía rápida emitida el 7 de septiembre. Lo curioso es que los interesados debían conocer la convocatoria el mismo día y entregar toda la documentación entre las 09:00 y las 14:00 horas. Sólo los amigos y preferidos del gobernador llenaron los requisitos.

Así, por ejemplo, la notaría 33 fue asignada a Lourdes Susana Gallo Rodríguez, hermana de Daniel (Gallo Rodríguez), presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado y también hermana del Oficial Mayor del Gobierno, Rafael (Gallo Rodríguez). Todo queda en familia.

Vale recordar que Daniel Gallo Rodríguez fue reelecto como presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado para el periodo comprendido de abril de 2014 y 2017. Además, la notaría 34 fue asignada a Manuel Rodríguez Osuna, amigo del hermano del gobernador.

¿Y las promesas de Ricardo Anaya? ¿Ese es el PAN con el que hará alianzas el PRD, en 2016? Al tiempo.

Tomado de El Universal

A un año, son más dudas que respuestas sobre la tragedia de normalistas. Por eso 100 preguntas.

1.- ¿Quién cree la verdad legal de Jesús Murillo?

2.- ¿Fue una investigación científica?

3.- ¿Creen que se trató de un engaño?

4.- ¿Por qué no creen?

5.- ¿Dudan por convicción o por manipulación?

6.- ¿Será creíble una nueva investigación?

7.- ¿Quién debe hacerla?

8.- ¿Aceptarán la verdad los que manipulan la tragedia?

9.- ¿No será que si aceptan la verdad se acaba el negocio?

10.- ¿Negar la verdad es una industria político-electoral?

11.- ¿De qué tamaño es el negocio de manipular tragedias?

12.- ¿Cuánto paga el gobierno en “expertos” y “peritos”?

13.- ¿Quién paga el turismo global de padres de normalistas?

14.- ¿Cuánto se embolsan ONG´s que medran con los 43?

15.- ¿Será que con los 43 intentan tirar al gobierno de EPN?

16 ¿Detrás de los 43 está el interés de AMLO para 2018?

17.- ¿Por qué promotores de “fue el Estado” son lopistas?

18.- ¡Mismos que ocultan datos de que AMLO impuso Abarca!

19.- ¿Tienen AMLO y Morena responsabilidad política por el crimen de los 43?

20.- ¿Por qué la doble moral de AMLO, Morena y su claque?

21.- ¿Por qué la doble moral de acólitos de AMLO?

22.- ¿No conocían AMLO y PRD vínculo de Abarca con crimen organizado?

23.- ¿Por qué AMLO niega todo a pesar de video donde le piden no imponer a Abarca?

24.- ¿Por qué nadie pidió juicio público contra AMLO?

25.- ¿Por qué PRD guardó silencio sobre culpa de Chuchos?

26.- ¿Por qué nadie pidió expulsar a Jesús Zambrano?

27.- ¿Por qué sigue impune Ángel Aguirre?

28.- ¿Por qué Navarrete solapó a Aguirre y Abarca luego de la tragedia?

29.- ¿Por qué la doble moral de izquierdas?

30.- ¿Es igual solapar a Abarca y a Aguirre que la impunidad que AMLO regaló a Godoy Toscano?

31.- ¿Por qué toda la clase política permitió ensuciar las instituciones con el cuento del crimen de Estado?

32.- ¿Por qué la torpeza del gobierno de EPN al no reaccionar?

33.- Por qué en lugar de sancionar al culpable de la fallida estrategia política en Iguala –Aurelio Nuño–, lo premiaron?

34.- ¿Por qué las fallas en la comunicación social?

35.- ¿Cómo permitieron que crimen que manchó las manos del PRD, AMLO y Morena terminara enlodando al gobierno federal?

36.- ¿Quién tomó las decisiones fallidas en Los Pinos?

37.- ¿No tiene EPN verdaderos expertos en comunicación?

38.-¿Quién pagará el daño a instituciones del Estado por destruir la credibilidad?

39.- ¿Quien contrató expertos argentinos y de la CIDH?

40.- ¿Confirman que “expertos” mexicanos son “inexpertos”?

41.- ¿Por qué abrir investigación en curso –de manera ilegal–, a vividores de la CIDH?

42.- ¿De verdad, a nadie en el gobierno preocupó Emilio Álvarez Icaza?

43.- ¿Por qué Álvarez Icaza no ha dicho ni pio?

44.- ¿Por qué si saben que el grupo de “expertos” tiene interés político, no los han expulsado?

45.- ¿Por qué si dañaron la imagen del Estado siguen como expertos?

46.- ¿Por qué nadie exhibió a “expertos” por destruir la credibilidad del Estado?

47.- ¿A qué le teme el gobierno de Peña?

48.- ¿Por qué guardó silencio el gobierno cuando “peritos argentinos” también engañaron?

49.- ¿Por qué la investigación de la CIDH es válida y no la de PGR?

50.- ¿Por qué creer en reporte de la CIDH si no aclaró lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala?

51.- ¿Por qué, si tampoco explicó qué hacían normalistas en Iguala?

52.- ¿Qué validez tiene reporte que no incluye declaración de 40 estudiantes involucrados?

53.- ¿Por qué tampoco incluye testimonios de padres de normalistas?

54.- ¿Por qué omite testimonio del director de la Normal rural?

55.- ¿Quién miente en el caso del “quinto autobús”?

56.- ¿Es serio reporte que califica como “natural” robo de autobuses y secuestro de personas?

57.- ¿Es creíble investigación que busca descrédito de la PGR?

58.- ¿Se invalida formal prisión contra presuntos responsables?

59.- ¿Habrá quien pida que liberen a detenidos del caso Iguala?

60.- ¿Por qué la opinión de un sólo especialista en incinerar?

61.- ¿Por qué la CIDH no incluyó más expertos?

62.- ¿Por qué muchos niegan valor científico de la Universidad de Innsbruck?

63.- ¿Por qué sin pruebas niegan incendio en el basurero de Cocula?

64.- ¿Sólo escuchan las voces que convienen a su creencia?

65.- ¿Por qué insisten que fue el Estado si todo apunta al crimen organizado?

66.- ¿Por qué miles hacen trabajo sucio al crimen organizado?

67.- Si la realidad no ajusta a su pensamiento, ¿que se joda la realidad!?

68.- ¿Por qué el Congreso avaló informe deficiente de la CIDH?

69.- ¿Será que partidos también sacan renta político-electoral?

70.- ¿Actúan igual que con narco diputado Godoy Toscano?

71.- ¿Y la denuncia civil por un informe que difama al Estado?

72.- ¿Creen que otra Comisión del Congreso resolverá algo?

73.- ¿Creen que fiscalía especial lo hará mejor que la PGR?

74.- ¿Servirá de algo la reunión de EPN con normalistas?

75.- ¿No es de risa que los que califican a Peña de inútil, espurio e ignorante, pidan reunión con padres?

76.- ¿Por qué insisten en el México del siglo pasado, cuando el presidente era milagroso?

77.- ¿Por qué no pedir que Jesús Murillo aclare dudas?

78.- ¿Dónde está, qué pasó con Murillo?

79.- ¿Será tiempo de reestructurar la PGR?

80.- Si el tráfico de heroína fue el móvil, ¿insistirán que fue el Estado?

81.- ¿La Procuradora Arely Gómez seguiría al frente de nueva Fiscalía?

82.- ¿Los 43 marcan un antes y un después en impartición de justicia?

83.- ¿El Estado permitirá que el descrédito lo destruya?

84.- ¿Dónde están los anticuerpos del Estado?

85.- ¿Por qué pocos hablan del intento claro por debilitar al Estado?

86.- ¿Será determinante para 2018 la crisis de los 43?

87.- ¿Quién se beneficia con esa crisis?

88.- ¿Le pega más al PRI que al PRD?

89.- ¿Qué hará el gobierno para recuperar imagen y confianza?

90.- ¿Es la normal de Ayotzinapa semillero de guerrilla?

91.- ¿La normal está penetrada por el crimen organizado?

92.- ¿Cuantos de los 43 pertenecían a la guerrilla?

93.- ¿Cuántos pertenecían al grupo de Los Rojos?

94.- ¿El ataque a los normalistas fue contra una célula de Los Rojos?

95.- ¿Conocían directivos de la normal vínculos con el crimen organizado?

96.- Ellos mismos, los directivos, eran y/ o son parte del crimen organizado?

97.- ¿Por qué la PGR tampoco investigó presuntos vínculos de maestros y directivos con Los Rojos?

98.- ¿Por qué nadie ha podido explicar la razón por la que los normalistas fueron a Iguala?

99.- Por qué la criminal práctica de enviar “al matadero” a los de nuevo ingreso?

100.- ¿Y quién ordenó que se movieran a Iguala a secuestrar camiones? Ese es tan culpable como los matarifes.

Al tiempo.

Tomado de El Universal

Aquí dijimos que el grupo de dizque expertos de la CIDH faltaba a la verdad. Dijimos que engañaban a la sociedad mexicana. Dijimos que el dizque informe sobre los normalistas desaparecidos no tenía nada de científico y dijimos que los supuestos especialistas no eran más que pillos que solo venían por un puñado de dólares.

Dijimos que una revisión puntual del dizque informe permitía concluir que en realidad no informaba nada; que era un documento “engañabobos” y que se había realizado con un claro fin político. Dijimos que desde la directiva de la CIDH el mexicano Emilio Álvarez Icaza vengaba afrentas políticas y que había regalado un informe a modo –elaborado por dizque expertos–, a los enemigos del gobierno de Peña Nieto.

Y dijimos que un informe serio demostraría, tarde o temprano, que los “expertos” de la CIDH no eran ni expertos ni independientes y mucho menos confiables.

Desde entonces –y luego de demostrar que el PRD, Morena y AMLO sabían que en Iguala se disputada el “negocio” del narcotráfico y siempre guardaron silencio–, los perdedores de siempre lanzaron la más feroz campaña de desprestigio, insultos e infamias contra del autor de este espacio.

Pero como no pueden engañar a todos todo el tiempo, ayer una de las instancias más reconocidas del mundo realizó un verdadero informe científico y más pronto de lo esperado confirmó que el dizque informe de los dizque expertos de la CIDH era un documento engañabobos.

Resulta que la Universidad de Innsbruck, Austria, reveló que luego de analizar los restos carbonizados recuperados por la PGR en el basurero de Cocula, confirmó la identidad de otro de los normalistas desaparecidos. El segundo identificado entre las cenizas encontradas en el basurero de Cocula, en donde los farsantes de la CIDH dijeron que no se pudo incinerar a los normalistas.

Se trata de Jhosivani Guerrero de la Cruz, el segundo de los 43 que se encontraba desaparecido. En su momento la misma universidad identificó a Alexander Mora Venancio, cuyos restos carbonizados también fueron arrojados al Río San Juan por los matarifes de la banda de los Guerreros Unidos, luego que los cuerpos de los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

Es decir, que asistimos a la segunda confirmación científica, avalada por verdaderos expertos –de la Universidad de Innsbruck–, de que en el basurero de Cocula sí fueron incinerados los normalistas; confirmación de que la verdad histórica de la PGR es correcta y confirmación de que el grupo de dizque expertos de la CIDH no sólo actuaron de mala fe sino que mintieron y engañaron a los mexicanos. Y también se confirma que, por todo eso, los dizque expertos deben ser expulsados del país.

Pero luego del ridículo que hicieron los “expertos” de la CIDH; luego de la vergüenza de los perdedores de siempre –sembradores de odio que apuestan por la destrucción de las instituciones–, las preguntas obligan.

¿Con qué cara los dizque expertos de la CIDH van a seguir en México? ¿No es tiempo de echarlos y exhibir y denunciar ante el mundo que se han prestado para desestabilizar a las instituciones mexicanas?

¿Qué tiene que decir Emilio Álvarez Icaza? ¿La CIDH no va a decir nada sobre el vergonzoso y alevoso proceder de sus “expertos”? ¿Quién va a pagar el descrédito al que sometieron “los expertos” al Estado mexicano, a sus instituciones y al gobierno mexicano?

¿Qué van a decir los “perdedores de siempre” sobre la mentira histórica con la que engañaron a millones de mexicanos?

Al tiempo.

Tomado de El Universal.