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Ajalpan: el poder de un rumor

¿Ha notado usted lo que sucede cuando imagina que lleva un limón a la boca y lo exprime?

¿No?

Lo invito a hacerlo ahora: simplemente debe cerrar los ojos por un momento, imaginar y actuar con mímica que enfrente tiene un tazón con limones grandes y verdes, extender la mano para tomar uno, llevarlo a la tabla de picar, cortarlo justo a la mitad con su mano dominante, sostener y llevar la mitad que quedó en su mano a la boca, mantenerlo por un instante justo enfrente de la misma y después exprimir lentamente el limón observando si pasa algo curioso.

¿Acaso sintió alguna sensación?, ¿quizá un poco de acidez o simplemente se percató de cómo usted empezó a salivar más?

Bueno, esta es la reacción natural que tenemos cuando llevamos un limón verdadero a la boca, y, si esta se activó con tan solo imaginarlo, es porque nuestro inconsciente no distingue lo que realmente está sucediendo de lo que solamente imaginamos. Otro ejemplo evidente de esto son las pesadillas: las imágenes que produce nuestra mente son ficción y, a pesar de esto, el payaso con cuchillo de cocina que nos persigue tiene la capacidad de impactarnos emocional y fisiológicamente durante y después del sueño.

Ya en 1938 la novela “La Guerra de los Mundos”, de Orson Welles, demostró en una trasmisión radiofónica de lo que es capaz la imaginación y el rumor en la mente humana. Y es que, a pesar de haber sido emitida como un noticiario, la gente sin evidencia visual alguna salió a las calles, esparció la información entre la comunidad, entró en pánico ante la presunta invasión extraterrestre y dicen que algunos individuos incluso salieron a disparar al cielo y a ciertas estructuras con “look” alienígena.

Considerando el ejemplo anterior pero guardando proporción por supuesto, el reciente linchamiento a dos jóvenes en Ajalpan empieza a ser, contrario a lo que declaró Víctor Carranca, titular de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a Grupo Imagen, tristemente comprensible (aunque no por ello justificable y mucho menos deja de ser trágico).

Y es que desde la psicología evolutiva, la supervivencia y la protección a la comunidad son valores totalmente arraigados en la naturaleza humana. Adicionalmente, nuestro sistema está orientado a buscar y reconocer amenazas y para esto nuestra imaginación se pinta sola: solo recuerde lo que ha llegado a pensar cuando escucha un ruido en su hogar en plena noche—para luego descubrir que era el viento—o todo lo que viene a su mente las horas previas a recibir algunos análisis médicos.

En este sentido, ahora pensemos lo que cierta información puede provocar en una comunidad ante la detención de dos presuntos secuestradores: como “teléfono descompuesto”, de individuo a individuo se esparce el rumor de que varios niños fueron privados de su libertad y que los responsables se encuentran en las instalaciones de la policía municipal; entonces, la amigadla, base de nuestro sistema emocional y una de las partes más primitivas de nuestro cerebro, empieza a hacer su chamba: las personas empiezan a generar imágenes perturbadoras en su mente, se produce adrenalina y cortisol en sus sistemas, el flujo sanguíneo se redirige a las manos y entonces la calidad de oxígeno que llega al cerebro baja considerablemente. Ante estas condiciones solemos dejarnos llevar por los instintos y no por la razón, y a estas alturas basta que algunos inciten a la acción para que una turba iracunda simplemente se deje llevar.

Ahora, la pregunta parece obvia: más allá de consideraciones evolutivas, ¿por qué esto sucede en nuestro país con más frecuencia que en otros? Y es que lamentablemente y como se ha dado a conocer en La Otra Opinión, el de Ajalpan es solo uno de cuatro intentos o linchamientos que se han dado en el estado de Puebla en un lapso de no más de cinco días.

Por un lado, la respuesta al cuestionamiento anterior debe considerar el contexto de violencia que vive nuestro país; la mente reacciona a todo y lo que escuchamos vemos y sentimos a diario va generando una especie de memoria en nuestro cerebro; mientras más habitual sea un estímulo, más poder de influencia tendrá este sobre nuestras acciones de palabra, mente y cuerpo.

De igual forma, la impunidad y la susceptibilidad hacia las autoridades es sin duda otro factor a considerar. En este punto vale la pena insistir sobre el instinto de protección a la comunidad que pertenecemos (pues esta se asume y claro que tiene que ver con nuestra propia protección y la de nuestra familia). Los niveles de confianza/desconfianza son uno de los principales factores que rigen el comportamiento humano y, si un grupo social no siente confianza en los elementos que debieran garantizar su seguridad, está en su naturaleza moverse en pos de la misma.

Finalmente, creo que también debemos tomar en cuenta la escasa capacidad de comunicación y gestión de crisis por parte de las autoridades. Ya que, al menos en el caso de Ajalpan, ni siquiera está claro por qué se detuvo a los dos jóvenes. No se logró desactivar el rumor a tiempo y el presidente municipal ni siquiera se presentó ayer para declarar acerca de este trágico suceso.

Es así que lo que se formó en este y otros municipios de nuestro país es un “cóctel” extremadamente peligroso, pues ante ciertos estímulos y condiciones como los mencionados, el ser humano se transforma prácticamente en un “zombi” que simplemente reacciona a los instintos más básicos. De ahí la importancia de que las autoridades actúen e intervengan inmediatamente sobre los factores detonantes de estas tragedias; de entrada, investigar y poner a disposición de la ley a todos los involucrados en estos linchamientos.

La epidemia de linchamientos: ¿no importan? ¿fue el Estado?

La escena la vivimos en septiembre de 1968, en San Miguel Canoa, Puebla. Una multitud quemó vivos a siete excursionistas, a los que motejó como comunistas.

La escena volvió por televisión en noviembre de 2004, en Tláhuac. La turba linchó y quemó vivos a dos policías federales.

Y se repitió hace horas en Ajalpan, Puebla. La multitud quemó vivos a presuntos encuestadores, acusados de delitos inventados.

A medio siglo de Canoa, a una década de Tláhuac y a horas de Ajalpan, a nadie importa el linchamiento criminal. Y no son 43 linchados –son cientos–, no son normalistas, y no secuestraban camiones. Son cientos de mexicanos linchados cuya muerte no provocó la caída de un presidente municipal y no es motivo de una sola recomendación de las comisiones de derechos humanos y menos interesan a las saqueadoras ONGs.

Cientos de linchados que no importan a nadie porque no son negocio –económico o político–, porque su muerte no produce votos. Y tampoco importan a la CIDH y menos al GIEI, porque no regalan millones de dólares.

Se trata de una epidemia que no importa a nadie. ¿Lo dudan?

Según el estudio “Linchamientos en México: (1988-2014)”, de Raúl Rodríguez Guillen y Norma Ilse Ávila –de la UAM–, en esos 26 años se han registrado por lo menos 366 linchamientos en México.

A su vez, según información periodística, en los últimos 12 meses en Puebla se han producido 23 intentos de linchamiento y 4 consumados. En la última semana la prensa local reportó 3 intentos, uno consumado, en Ajalpan, en donde fueron quemados dos presuntos encuestadores.

De junio a septiembre de 2015 se reportaron 9 intentos de linchamiento en el oriente del Estado de México; cinco en Ecatepec, dos en Chalco, uno en Chimalhuacán y otro más en Temascalapa.

Los linchamientos registrados en todo el país –por lo menos 366–, en los últimos 26 años ocurrieron en el Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Según Carlos Vilas, un linchamiento tiene las siguientes características: a) Es una acción colectiva. b) Es de carácter privado e ilegal. c) Que puede provocar la muerte de la víctima. d) Se da en respuesta a actos o conductas de autoridad reprobadas. e) Se produce contra una víctima que se encuentra en inferioridad numérica abrumadora frente a los linchadores.

A su vez, el articulo 17 constitucional prohíbe la justicia por propia mano: “Ninguna persona podrá́ hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

El linchamiento es una agresión violenta, de carácter anónimo, de naturaleza efímera, extralegal que crea un vínculo de complicidad que se refuerza por el anonimato y que produce en los participantes un sentimiento del “deber cumplido”, al hacer justicia por propia mano.

Sin embargo, el linchamiento es un delito; la barbarie de la masa que se impone a las reglas establecidas; que arrastra la civilidad, la norma, la ley y la impartición de justicia y que no castiga a los culpables –ocultos en el anonimato–, pero tampoco castiga a los servidores públicos que la provocan.

Lo más cuestionable es que si bien el linchamiento es una respuesta a la ausencia y fallas del Estado; como reacción social a la ineficacia institucional –corrupción, abuso e impunidad–, al final y debido a las características propias del linchamiento, siempre termina en la impunidad, sin castigo a los responsables. Y lo peor es que exalta la injusticia y la impunidad, que es la misma injusticia e impunidad que dice combatir.

¿Y los vividores de la muerte? ¿No fue el Estado? Al tiempo.

Tomado de El Universal

¿Los derechos humanos tienen como rehén al Estado?

¿Qué significa que la Procuraduría General de la República anuncie el relanzamiento de la investigación del caso Iguala?

¿Qué significa que la PGR ordene la salida de la SEIDO de la investigación?

¿Qué significa que el caso Iguala caiga, por completo, en la Subprocuraduría de Derechos Humanos?

¿Qué significa que el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, sugiera que el gobierno federal tenga la disposición de modificar la verdad histórica?

¿Qué significa que el gobierno federal ceda a las presiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

¿Qué mensaje envían?

¿Con la salida de la SEIDO se elimina la posibilidad de que el crimen organizado participara en el crimen?

¿Acaso, con este movimiento, el Estado asume la responsabilidad de la masacre de Iguala?

¿Entonces sí fue el Estado?

¿Miguel Osorio tiró la toalla?

¿Reconoce la autoridad que la investigación de la PGR estuvo mal hecha?

¿Esto quiere decir que lo que el Estado ha venido diciendo durante un año no es cierto?

¿Esto quiere decir que la autoridad trató de tomarnos el pelo?

¿Esto quiere decir que quienes exigían la renuncia del presidente tenían razón?

¿O será, acaso, que las organizaciones de derechos humanos tienen como rehén al gobierno federal?

Sale de control la violencia en DF

Es por todos conocido que, a principios de esta semana, el cadáver de un hombre amaneció colgado en un puente de Iztapalapa.

Y hace unas horas –la noche del martes– ocurrió un suceso parecido: Vecinos de la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza denunciaron el asesinato de un hombre que, además, apareció con un mensaje escrito en una cartulina. El mensaje era para el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

¿Qué ocurre en el Distrito Federal?

¿Será, acaso, que la violencia se salió de control?

En entrevista para La Otra Opinión, el presidente del PRI en el Distrito Federal, Mauricio López, reconoció que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal –y la bancada de su partido–, tienen un gran pendiente en materia de seguridad.

En consecuencia, López adelantó que el grupo parlamentario del PRI presentó una serie de puntos de acuerdo encaminados a señalar y resolver la crisis de inseguridad.

Para el priista, la aparición de un colgado trajo de vuelta escenas de terror que hacía mucho tiempo no se veían.

Además, concluyó el político, estos hallazgos –como el narcomensaje para el jefe de gobierno– confirman que el sistema penitenciario en el Distrito Federal –y en todo el país–, requiere una revisión urgente. Pero más importante, que es necesario reconocer que en el Distrito Federal operan cárteles criminales y eso obliga a la autoridad a ponerles un alto.

El PRI apoya la ley de AMLO

El 16 de julio de 2002, por decreto de Andrés Manuel López Obrador, el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal se leía así:

“Se le impondrán de cinco a 30 años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema realice actos contra las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del gobierno del distrito federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación”.

El 27 de diciembre 2012, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó el mismo artículo para favorecer la liberación de los detenidos en las marchas del 1 de diciembre del mismo año. Entonces, el artículo 362 decía:

“Se impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia realicen actos contra las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública. La reincidencia se estará (sic) a lo que establezca este código.”

Y hace días, la bancada de Morena en la ALDF presentó una iniciativa de ley de amnistía que busca la derogación del Artículo 362.

¿De qué se trata?

En entrevista para La Otra Opinión, el presidente del PRI en el Distrito Federal, Mauricio López, adelantó que la bancada de su partido ya presentó una iniciativa para regresar el artículo 362 a su redacción original. Es decir, que buscan una sanción de cinco a 30 años para quienes cometan actos vandálicos durante las protestas. Es decir…

Primero, que los priistas estarían por tejer una alianza con el resto de los partidos –como el PAN y el PRD–, para frenar el proyecto de Morena.

Y segundo –acaso más importante–, que el tricolor de ahora apoya e impulsa la ley que López Obrador decretó en 2002.

Hoy, el PRI hace el trabajo de AMLO.

El linchamiento es al gobierno

Todo el mundo está al tanto del linchamiento de dos presuntos encuestadores en Puebla.

Todo el mundo sabe que, en menos de una semana, en esa entidad se registraron otros tres intentos de linchamiento.

Y todo el mundo sabe que en el Estado de México, la situación no es mucho mejor. En ese estado, en promedio, ocurre un linchamiento cada tres días.

Sin embargo, lo que pocos saben, lo que pocos entienden y lo que pocos se preguntan es qué ocurre durante los linchamientos, a quién lincha la turba, qué mensaje pretenden enviar.

En entrevista para La Otra Opinión, el Doctor Raúl Rodríguez Guillén –autor del estudio Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)–, señaló que lo relevante en un linchamiento no es la cantidad de los mismos sino sus detonantes.

Ya sea la presunción de robo, de violación o de abuso de policías; en el fondo, los linchamientos son la respuesta social a la ausencia de autoridad o a la creencia de que no existe un poder capaz de mantener el orden.

Por otro lado, para Rodríguez Guillén, los usos y costumbres de un pueblo –o el hecho de que se trate de una zona rural– no es un agravante para que ocurran linchamientos. De hecho, las estadísticas muestran que la mayoría de estos choques ocurren en zonas urbanas o semiurbanas del país. Por ello, el académico insiste que estos comportamientos barbáricos son la muestra de que la gente no cree en la cadena de impartición de justicia y no confía en sus autoridades.

Ahora bien, el Doctor Rodríguez Guillén también explicó que los linchamientos no corresponden al hartazgo individual sino a la indignación moral colectiva. O si lo prefiere, que se trata de una insatisfacción compartida por un gran número de personas.

Este malestar lleva a la sociedad a rebasar todos los límites y a dejar de creer en la autoridad. Después de todo, cuando se lincha a un individuo –o a un grupo de individuos–, no se está castigando a un presunto criminal sino a la autoridad ausente que se funde entre la turba.

A su vez, el Doctor Gustavo López Montiel –profesor del Tecnológico de Monterrey–, atribuye los linchamientos a la poca presencia policiaca, a la pobre comunicación entre gobiernos municipales y estatales; a la incapacidad de los gobiernos para tomar una decisión y a la falta de condiciones para aplicar la ley.

Finalmente, López Montiel diferenció la ingobernabilidad de la inestabilidad. En el primer caso, se trata de un gobierno incapaz de tomar decisiones y de operar el poder. En el segundo, estaríamos frente a una sociedad efervescente, difícil de controlar.

Se confirma, Morena va por el TSJDF

La noche del martes se confirmó la versión: Marcelo Ebrard consiguió un amparo contra cualquier tipo de orden de detención.

Según se dijo, se trata de un amparo buscador. Es decir, una figura legal para saber si existe alguna orden de aprensión o una investigación en su contra. ¿Qué quiere decir esto?

Elemental. Que el miedo de Marcelo es más grande de lo que muchos reconocen.

Tal parece que a Ebrard no le alcanzó el exilio. Ahora busca protección legal.

Pero hay más.

Frente a esta revelación, la lucha por el control del Tribunal de Justicia del Distrito Federal adquiere un nuevo sentido. ¿Por qué?

Porque como aquí hemos dicho, la Morena de Andrés Manuel López Obrador –y las huestes de Marcelo Ebrard–, han hecho hasta lo imposible por acomodar a su enviado –el magistrado Rafael Guerra Álvarez–, en la presidencia del Tribunal.

Y es que, todo indica que tanto Andrés como Marcelo están urgidos de impunidad. Los dos políticos parecen necesitar que alguien cuide sus espaldas.

Por eso insisten en sumar apoyos para Guerra Álvarez; por eso la guerra intestina contra su adversario –el presidente en funciones del Tribunal, Edgar Elías Azar–; y por eso, ahora, Marcelo Ebrard tramita un amparo buscador.

A la vista de todos, el miedo de Marcelo Ebrard es del tamaño de los reacomodos –políticos y legales– que cocina desde el exilio.

¿No que no? Lo que estos pillos buscan es impunidad. Nada más.

Los temores de Marcelo

En un sábado de ocio, Garganta Profunda se tumbó frente al televisor y sintonizó uno de sus programas favoritos: Grandes fracasos de la ingeniería. Esta genialidad del reconocido canal de paga, Discovery Channel, exhibe a los gigantes con pies de barro. A esas grandes obras que confirman que el ego de algunos ingenieros es casi tan grande como su estupidez. Coincidentemente, el episodio de esa noche retrató un fracaso familiar: el de la Línea 12 del Metro del Distrito Federal. ¡Vaya sorpresa..! El fraude millonario de Marcelo Ebrard ya es uno de los grandes fracasos de la ingeniería mundial —de acuerdo con Discovery Channel, claro está—; la revelación no sorprendió a Garganta, después de todo, el tamaño del fraude de la Línea Dorada tiene a Marcelo en el exilio. Por eso, tampo­­co sorprendió que el ex jefe de gobierno tramite un amparo para comprobar que no exista una investigación -o un­­a orden de aprehensión— en su contra. Bien dice el dicho que el miedo no anda en burro. O como seguramente advierten en París, la peur ne marchera pas dans âne. Por cierto, los temores de Marcelo confirman —como aquí se dijo—, que a Morena y sus cercanos les urge controlar el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Están necesitados de impunidad.

Se “eleva” el acuerdo del cannabis

¡Ni pacheco entiende..! A Garganta Profunda no le queda claro qué tiene que hacer la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en el debate del consumo recreativo de la mariguana. Ni el más tozudo podría negar la inteligencia y el colmillo de quienes promovieron el amparo que debatirán los ministros. No obstante, es por demás evidente que los mexicanos no terminan de ponerse de acuerdo a propósito del canabis. Por ejemplo, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya; pidió un debate profundo y general. El subsecretario de prevención del delito, Arturo Escobar; ya advirtió que la Corte convertiría al Chapo en empresario. Por eso la duda, ¿los mexicanos están listos para que el selecto círculo de ministros abra la puerta al consumo recreativo de mariguana?

Accidente en conocida tienda departamental

En uno de sus frecuentes recorridos por los portales de noticias, Garganta Profunda encontró una joya: un accidente sin víctimas y sin responsables. Al menos ninguno de nombre publicado. Resulta que la falla en el elevador de una tienda departamental provocó lesiones a siete trabajadores de limpieza. Curiosamente, algunos medios de la incisiva prensa nacional olvidaron mencionar de qué tienda departamental se trata. Eso sí, fueron precisos al señala la calle y el número en donde se ubica. Pero hay más. Los mismos medios olvidaron escribir los apellidos de los lesionados. Es decir, que se limitaron a mencionar un puñado de nombres propios y en donde debía ir el apellido, los redactores se conformaron con una “N”. ¿Será que a nadie le importa saber el nombre de la tienda departamental y los apellidos de los lesionados? Por cierto, Garganta Profunda no se dedica a la publicidad. Así que no exhibirá el nombre de la antes mentada tienda departamental.

El linchamiento en Puebla

En los últimos meses del año, un grupo de estudiantes llegaron a algún lugar de Puebla. Instigados por un sacerdote —y por las buenas costumbres—, los habitantes del lugar se armaron de machetes, palos y antorchas. Acudieron al lugar donde se hospedaban los jóvenes y protagonizaron un terrible linchamiento. Hoy se sabe que en el incidente murieron tres empleados y el dueño del lugar. La historia, recuerda Garganta Profunda, ocurrió un 14 de septiembre de 1968. A sólo dos semanas de la matanza de Tlatelolco. Los estudiantes estaban inscritos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y acudieron a San Miguel Canoa pues iban de excursión a la Malinche. ¿A poco pensó que era la historia de los linchados de Ajalpan?

¿Entonces sí fue el Estado?

La reunión de autoridades mexicanas y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington fue un paso en la dirección correcta para politizar el caso Iguala y que nunca se conozca la verdad.

Convirtieron una investigación criminal que estaba prácticamente resuelta, en un asunto político transexenal que se va a ir enredando en lugar de destrabarse.

¿Por qué darle largas? Quién sabe. Si ahora hay sectores considerables de la población que no le creen nada a las autoridades, tampoco le van a creer en el futuro.

Y no van a quedar bien librados porque se han puesto en manos de organismos internacionales donde hay intereses de personajes ligados con grupos políticos en México.

Las investigaciones estaban a cargo, como debía ser, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), pero el gobierno mexicano aceptó ayer en Washington quitarle el caso para entregárselo a la subprocuraduría de Derechos Humanos.

Con ello se archivan las investigaciones realizadas hasta ahora, pues no cabe el concepto de delincuencia organizada en algo que se investiga desde la óptica de los derechos humanos.

Si se trata de violación a los derechos humanos y no de delincuencia organizada, entonces lo ocurrido en Iguala fue culpa y responsabilidad del Estado.

Sólo el Estado puede violar los derechos humanos, pues los agravios cometidos por particulares son únicamente eso: delitos.

Con la marginación de la SEIDO se descalifica su actuación, y por tanto, tarde o temprano van a comenzar a salir libres los responsables confesos y los autores intelectuales del crimen de los 43 normalistas.

El gobierno mexicano sabe quiénes los mataron, porque están confesos.

También sabe quiénes ordenaron la masacre, porque están confesos y delatados por los autores materiales del secuestro y crimen de los 43.

Sabe el gobierno quiénes fueron los que dieron la orden para detener a como diera lugar a los estudiantes: los Abarca.

Y sabe de los vínculos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa con el ERPI y con el cartel de Los Rojos.

Todo lo anterior se ha archivado para que la subprocuraduría de Derechos Humanos, junto con el grupo de expertos de la CIDH, inicien una investigación de cero partiendo de premisas inadmisibles en una investigación, impuestas por la CIDH.

Esas premisas son que entre los normalistas y sus líderes no había personas ligadas al crimen organizado. Que la señora Pineda de Abarca (jefa política de Guerreros Unidos, donde estaban sus hermanos, ejecutados, y sus padres, presos desde hace años) no tuvo nada que ver en los crímenes de esa noche. Que los resultados de las investigaciones serán secretos hasta consensar con los “familiares” de los 43, es decir, con sus abogados y representantes que los manipulan.

Twitter: @PabloHiriart


TOMADO DE EL FINANCIERO

 

INE responde a cuestionamientos por nueva sede

A propósito de los muchos cuestionamientos que recibió luego de anunciar la construcción de su faraónica nueva sede –que costará la “bicoca” de casi mil 100 millones de pesos–, el INE ha ha intentado responder.

¿Qué dice el INE? Les compartimos los textos con los que el INE defiende el proyecto.