En la entrega de ayer cuestionábamos el hecho de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no fue molestada a pesar de que varios integrantes de la Barra Mexicana de Abogados la señalaron como una de las responsables de la tragedia del Colegio Enrique Rébsamen.
De acuerdo con información obtenida por este reportero, un posible pacto secreto hizo que en el 2018 Sheinbaum fuera exonerada por la entonces Procuraduría General de Justicia de la capital, sin haber sido siquiera citada a declarar.
Semanas después del desplome del colegio durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, que dejó como saldo 19 niños y siete adultos muertos, la Fundación Barra Mexicana de Abogados (FBMA) se hizo cargo de la defensa de 16 de los deudos de las víctimas como parte de los servicios pro bono que presta.
Entonces, el presidente de la Fundación era Juan José Serrano Mendoza, quien actualmente ocupa el cargo de secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, nombrado precisamente por Claudia Sheinbaum.
Nuestras fuentes consultadas refieren que cuando la FBMA se hizo cargo de la defensa de algunos deudos, se dedicó a buscar únicamente la reparación del daño sin exigir castigo para los responsables del derrumbe de la escuela.
Esta política, promovida por Juan José Serrano, evitó que Sheinbaum fuera demandada penalmente, a pesar de que de un minucioso estudio elaborado por tres destacados juristas de la Barra, se desprendía que era responsable debido a que cuando se cayó la escuela ella Claudia era jefa delegacional en Tlalpan.
Las fuentes hablan de un pacto de impunidad celebrado entre Sheinbaum y el entonces presidente de la FBMA, para que éste no promoviera la persecución penal de la ahora jefa de Gobierno y a cambio obtuviera el muy importante cargo de secretario de la Contraloría General.
En su momento, varios de los integrantes de Barra de Abogados no estuvieron de acuerdo con la postura promovida por Juan José Serrano de demandar solo la reparación del daño sin buscar castigo para los responsables, pero las cosas se hicieron como lo dispuso Serrano.
Ahora, por la naturaleza de la función que desempeña, Serrano Mendoza se ha convertido en el brazo persecutor de Sheinbaum, para cazar peces gordos de la administración de su antecesor, Miguel Angel Mancera.
Por el escritorio de Serrano han pasado los expedientes de presuntas irregularidades cometidas por diversos funcionarios del sexenio de Mancera, entre ellos los hermanos Luis Ernesto y Julio César Serna, dos de los hombres más cercanos al ex jefe de Gobierno.
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La Contraloría General de la Ciudad también inició investigaciones que luego se judicializaron en contra de los titulares de Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, de Obras y Servicios, Edgar Tungüi, y de Seguridad Pública, Raymundo Collins.
Será muy difícil demostrar que hubo un pacto de impunidad entre Claudia Sheinbaum y Juan José Serrano Mendoza para que la primera no fuera perseguida penalmente, como sostienen nuestras fuentes, por cierto, de muy buen nivel y bastante confiables.
Lo que sí es un hecho es que el nombramiento de Serrano como secretario de la Contraloría representó un conflicto de intereses que si bien en este caso no es una conducta ilegal si es antiética.
En síntesis, una de las partes involucradas en un asunto en el que hubo vidas de por medio (Claudia), cooptó al abogado de la otra parte (Serrano) y le dio empleo en un cargo de mucha relevancia, cuando el Caso Rébsamen, que los enfrentó, aún estaba caliente.
Es como si de pronto la Fiscalía General de la República le ofreciera un empleo de mucho nivel a Vidulfo Rosales, el abogado de los deudos de los 43 de Ayotzinapa.
¿Cómo le podemos llamar a esa conducta exhibida tanto por Claudia como por Serrano?
OFF THE RECORD
**ABUSO EN PANDEMIA
La empresa farmacéutica PROBIOMED, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, hizo trabajar a una joven empleada a pesar de que presentaba síntomas del COVID-19.
Y cuando finalmente se confirmó que sí había contraído la enfermedad, simplemente la despidió con el argumento de que había incurrido en “ausentismos”, que no eran otra cosa que la incapacidad que le había extendido el IMSS.
Todo un caso para las autoridades laborales y para los organismos defensores de los derechos humanos.
**CON ALFILERES, EL PACTO FEDERAL
El pacto federal, base de la convivencia institucional que durante varias décadas ha prevalecido en la nación, pende de alfileres.
Ayer, dos gobernadores, el de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y el de Guanajuato, Diego Sinhue, advirtieron por separado al presidente Andrés Manuel López Obrador que si sigue sin escuchar a los integrantes de la Alianza Federalista, habrá un rompimiento.
A estos reclamos se suma el realizado el pasado domingo por el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien le pidió al presidente un trato equitativo respecto al agua.
Pero tal parece que el presidente ni los ve ni los oye.
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