Oposición entrega a SCJN firmas contra la Ley de Hidrocarburos

Tanto la oposición como expertos apuntan que esta reforma se trata de una forma de “expropiación” del gobierno mexicano

Oposición entrega a SCJN firmas contra la Ley de Hidrocarburos
Foto: energiahoy.com

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, informó que senadores de oposición entregaron nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las firmas para promover una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Hidrocarburos.

En un video que compartió en sus redes sociales, el extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) recordó que desde el año pasado, varios legisladores presentaron una acción de inconstitucionalidad ante esta reforma, al señalar que se trata de una forma de “expropiación del gobierno”, ya que le permitiría a las autoridades federales asumir el control de sus inmuebles, así como otorgar y revocar contratos sin ninguna repercusión legal.

Cabe recordar que la oposición presentó en junio del año pasado una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley, pero fue rechazada por la Corte al argumentar que no contenía las firmas de todos los senadores.

En esta ocasión, la segunda sala de la SCJN notificó a Osorio Chong para presentar, nuevamente, las firmas de los autores de la acción de inconstitucionalidad.

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Oposición y expertos acusa una expropiación 

Cabe recordar que la Ley de Hidrocarburos fue aprobada a finales de abril de 2021 y su objetivo es el de dejar sin efectos una parte de las reformas secundarias energéticas impulsadas por el expresidente Enrique Peña Nieto, razón por la cual Petróleos Mexicanos (Pemex) volvería a tener el dominio en la venta de hidrocarburos.

Además, la reforma propone facultar a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos, cuando los encargados cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Sin embargo, esta ley causó polémica ya que tanto la oposición como expertos apuntan que ello se trata de una forma de “expropiación” del gobierno mexicano, ya que le permitiría a las autoridades asumir el control de sus inmuebles, así como otorgar y revocar contratos sin ninguna repercusión legal.

Con información de Infobae y Noticias en la Mira

MSA