Luego que el Senado de la República aprobó la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial, los partidos de oposición anunciaron que alistan una lluvia de recursos de inconstitucionalidad y de impugnación para frenar el avance y la implementación de esta iniciativa.
Reforma judicial comenzó “manchada”
Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, aseguró que la reforma al Poder Judicial comenzó “manchada”, pues cuestionó:
“¿Cómo es posible que una reforma en materia de justicia empiece con una injusticia de este tamaño?”, haciendo referencia al “secuestro” del legislador emecista Daniel Barreda, el único de los 128 senadores que no pudo participar debido a que su padre fue detenido en Campeche.
“Vamos a impugnar la reforma y vamos a hacer una denuncia de carácter internacional por las condiciones que se está legislando, entre comillas, en este país”, y agregó que “vamos a intentar echar mano de todos los recursos legales que podamos”.
Por su parte, la senadora emecista Alejandra Barrales rechazó que la ausencia de Daniel Barreda se haya pactado o fuera un montaje, para darle a Morena la mayoría calificada, pues “evidentemente, todo esto lo hicieron con el dolo, con el cálculo de quitar un voto de esos 43 que la oposición teníamos, confirmados hasta antes de esta sesión del martes pasado”.
“Seguro que, en estos días, estaremos sentándonos con nuestro grupo de abogados, con el partido, y estaremos viendo las diferentes alternativas”, enfstizó.
Asimismo, lamentó que Morena y sus aliados recurrieran a las peores prácticas del viejo régimen: presiones, chantajes, amenazas y ofrecimientos de altas sumas de dinero.
Reforma judicial destruye el sistema judicial y rompe el equilibrio de poderes
Por su parte Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, aseguró que se analiza, conforme a derecho, presentar las impugnaciones necesarias.
“Estamos convencidos que la reforma al Poder Judicial es una reforma que destruye el sistema judicial y rompe el equilibrio de poderes”, dijo.
De igual manera, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados se alista para emprender acciones jurídicas y acudir ante instancias internacionales para denunciar la forma en que fue aprobada la reforma.
Noemí Luna, coordinadora de los diputados panistas, detalló que la estrategia jurídica se compone de cuatro acciones, comenzando por juicios de amparo contra la aprobación, lo cual se dará una vez que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF); entre tanto, en el extranjero, el plan es presentar el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Las acciones fueron respaldadas por la Comisión Permanente Nacional del PAN, que acordó impugnar la reforma judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En reunión privada, se consideró que el procedimiento tiene vicios que pueden ser sujetos de revisión por el alto tribunal, ya que existe violación de suspensiones de amparo de al menos dos juzgados federales que impedían la discusión y votación, además de la falta de oportunidad de las nuevas legislaturas de abrir foros y espacios de discusión que permitieran un estudio profundo de la reforma, los “irregulares” cambios de sedes en ambas cámaras y la falta de certeza para la votación de las y los diputados.
Se definió que los recursos pueden ser una acción de inconstitucionalidad, porque se aseguró que se presentaron vicios en el procedimiento legislativo; juicios de amparo, donde se combatirá la violación de los derechos de los legisladores de conocer con tiempo, estudiar y poder analizar los alcances y consecuencia del dictamen emitido por una legislatura diferente, así como controversias constitucionales.
Con información de La Razón
MSA
