A poco más de tres meses de un sangriento motín en el penal de Topo Chico –con saldo de 49 muertos–, este miércoles se desató un nuevo conflicto en el mismo lugar. Esta vez, el conteo de víctimas llegó a los 19 heridos –siete de gravedad– y tres muertos.
Los hechos suceden –también– a los pocos meses de que el gobierno de Nuevo León, a cargo de Jaime Rodríguez, circuló un video –y un comunicado– en donde aseguró que la situación en el reclusorio estaba bajo control.
De hecho, no sobra recordar que organismos no gubernamentales y de la iniciativa privada visitaron el penal después de la masacre, y avalaron las condiciones de seguridad en las instalaciones para evitar un nuevo brote de violencia.
Pero hay más, a finales de mayo, el gobernador Jaime Rodríguez presumió la tranquilidad que –según él– reinaba en el centro penitenciario. Pues –según el Bronco– las autoridades habían retomado el control.
Sin embargo, la situación al interior de Topo Chico no parece muy distinta a la de febrero pasado. Una vez más, vimos disturbios, vimos heridos y vimos la muerte de tres personas.
De hecho, de acuerdo con la información que se conoce, el objetivo de la riña era ejecutar a Javier Orlando Galindo Puente –alias El Maruchan–, quien perdió la vida en el enfrentamiento.
Se sabe que Javier Orlando era el líder de un grupo delincuencial al interior del penal, y con su muerte se abrió el paso a Fernando Aguilera Hernández, un preso de reciente ingreso que operaría para el Cártel del Noreste.
Por eso preguntamos a El Bronco, ¿no que ya todo estaba resuelto? ¿y las autoridades donde estuvieron? ¿y los cateos de que sirvieron? ¿y el aval de las organizaciones? ¿no aprendieron nada de las 42 muertes de febrero? ¿ahora cuál será la defensa del gobernador neoleonés? ¿volverá a culpar a la administración de Rogelio Medina? ¿cuánto tiempo pasará para que vuelva a quedar en evidencia la ineficacia del sistema penitenciario de Nuevo León?
