De acuerdo con diversos organizaciones, la independencia judicial en México se considera “precaria”, y su presupuesto se identifica como un elemento vulnerable para su funcionamiento adecuado.
En el estudio “Independencia judicial, ¿dónde estamos? Un análisis subnacional”, ONG´s como México ¿Cómo Vamos?, Impunidad Cero, Fundación Konrad Adenauer y la Barra Mexicana Colegio de Abogados, entre otras, apuntaron que desde hace unos años han observado una tendencia adversa para el Poder Judicial, ya que en lugar de que se consolide su independencia han detectado estrategias para debilitarla.
“Todos estamos conscientes del momento muy delicado para la independencia judicial que estamos viviendo, no solamente en México, sino en también en otras muchas partes del mundo”, advirtió Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de MCV.
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En ese sentido, destacan que ninguno de los 32 estados del país alcanza un 50% de independencia judicial, con base en 51 indicadores internacionales retomados para este análisis.
En ese sentido, resaltan los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de este órgano del Estado Mexicano.
Alejandra Quezada, investigadora del programa de Transparencia en la Justicia de MCV, detalló que sólo seis entidades mexicanas cumplen con el 40% de los indicadores de independencia judicial: Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Tabasco y Puebla.
En contraste, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Sinaloa y Tlaxcala fueron los estados cuya normatividad cumple con menos indicadores.
En este sentido, animó a los organismos judiciales de los estados y a legisladores a proponer e incluir los más altos estándares que garanticen la independencia de las instituciones impartidoras de justicia en México.
Entre los 51 indicadores de referencia internacional, 16 se enfocaron en garantías de la independencia institucional, 30 en independencia profesional y 5 en independencia funcional.
Entre estos, destacaron áreas de oportunidad en los mecanismos para nombramientos y destituciones de jueces y magistrados, en el combate a la corrupción, en la protección a la integridad física de los impartidores de justicia y diferencias entre remuneraciones por el mismo trabajo, entre otras.
Pantin también aclaró que, aunque la existencia de una norma no garantiza su cumplimiento, es preferible que las garantías se incorporen en la normatividad al ser un piso mínimo.
Con información de Forbes México
MSA
