El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene más de un mes paralizado debido a que el Senado de la República, específicamente las bancadas de Morena y sus aliados, no ha nombrando de los tres comisionados faltantes para completar su pleno para que pueda sesionar.
Sin embargo, este órgano autónomo no es la única institución pública que se encuentra incompleta.
De acuerdo con un recuento del observatorio Designaciones Públicas, hay un total de 17 nombramientos atorados en nueve organismos.
El observatorio expuso que para comienzos de este año había 33 designaciones en puerta.
De estas, se resolvieron ocho, mientras que otras ocho están a punto de iniciar sus procesos de designación calendarizados para junio, octubre y diciembre.
Sin embargo, quedan 17 nombramientos rezagados.
Dada la inacción del jefe del Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso —donde su partido es mayoría— para destrabar esas designaciones, activistas, periodistas, colectivos y grupos de la sociedad civil han manifestado su preocupación y, en el caso particular del INAI, urgieron a las autoridades a que respeten el derecho de acceso a la información.
“Tener designaciones pendientes en instituciones públicas las debilita, afecta su funcionamiento y vulnera el acceso de la ciudadanía a derechos”, señaló Itzel Checa, coordinadora general de Designaciones Públicas.
Asimismo, expuso que los constantes amagos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el INAI, que van desde proponer su desaparición a que otros organismos absorban sus funciones, “se profundizan con una campaña de desinformación que solo les conviene a unos cuantos, a los poderosos que tienen algo qué esconder de la sociedad”.
¿Qué designaciones están pendientes?
Los procesos para elegir a titulares o funcionarios en cada institución pública son distintos, pero los poderes encargados son el Congreso de la Unión —a través del Senado o de la Cámara de Diputados—, el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hoy en día, el país tiene pendientes 17 designaciones, algunas en espera de ser cubiertas desde hace más de seis años.
Al corte de este 9 de mayo, el INAI acumula 404 días sin el total de sus comisionados: desde el 31 de marzo de 2022, dos de sus comisionados terminaron su periodo y no han sido reemplazados, y otro más concluyó el 31 de marzo pasado sin hasta ahora haber sido sustituido.
Otra de las designaciones pendientes es la de un magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que acumula dos mil 335 días de espera desde el 16 de diciembre de 2016.
También está el caso de tres miembros de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Una de esas vacantes está disponible desde el 30 de noviembre de 2018, por lo que tiene mil 621 días vacía. Los otros dos asientos tienen mil 531 días (desde el 28 de febrero de 2019) y 859 días (desde el 31 de diciembre de 2020).
En tanto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene pendiente de designación a tres de sus funcionarios; dos de ellos tienen un rezago de 800 días ya que no se han elegido desde el 28 de febrero de 2021, y otra designación está pendiente desde el 29 de febrero de 2020, por lo que suma mil 165 días.
Igualmente, faltan dos designaciones en el Tribunal Superior Agrario; una está pendiente desde el 3 de agosto de 2021 y de la otra se desconoce la fecha exacta pues —de acuerdo con el observatorio— se trata de una designación pendiente por renuncia, fallecimiento o jubilación.
En el caso del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la designación que tiene pendiente suma 514 días de retraso, desde el 11 de diciembre de 2021.
Aunado a ello, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tiene pendientes tres nombramientos: uno del Comité de Participación Ciudadana del SNA que acumula 92 días sin designación, desde el 6 de febrero de 2023, y dos designaciones de la Comisión de Selección del SNA: la primera cuenta con 598 días sin nombramiento, desde el 18 de septiembre de 2021, y la segunda 420 días, desde el 15 de marzo de 2022.
Una designación pendiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) suma 129 días, desde el pasado 31 de diciembre de 2022.
Aunque el retraso en la designación de funcionarios no es algo nuevo en general ni en este sexenio, el número sí resulta algo particular. “En términos de este volumen, sí es nuevo de esta administración (…) sí podríamos decir que es una situación inédita por el volumen”, puntualiza Checa.
#DesignacionesPúblicas | Hace unos días terminó el periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras del Congreso y no fue sorpresa que la irresponsabilidad del @senadomexicano y el Ejecutivo dejara designaciones pendientes 😒, conoce cuáles en nuestro balance.#PerfilesIdóneosYa pic.twitter.com/RrfZS8h6ZF
— Designaciones (@designaciones) May 3, 2023
Debilitar instituciones
La coordinadora de Designaciones Públicas insiste en que la falta de nombramientos debilita a las instituciones.
“Para debilitar a las instituciones, estos poderes, además de reducir el presupuesto o proponer reformas para limitar funciones o su integración, otra forma de extenuarlas es mediante las designaciones, no solamente con elegir a perfiles cercanos y afines a gobiernos cuando estos exigen independencia y autonomía, sino también detener las designaciones”, subraya Itzel Checa.
En el caso del IFT, su proceso para designar a sus integrantes del pleno señala que el presidente de la República debe elegir a los candidatos a comisionados de una lista enviada por el Comité Evaluador para, posteriormente, ser ratificados por el Senado, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Sin embargo, esto no ha sucedido. El jefe del Ejecutivo no ha cumplido con su obligación de seleccionar a las y los candidatos, razón por la que en agosto de 2022 el instituto anunció mediante un comunicado que interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte.
De igual forma, el INEGI contempla una Junta de Gobierno integrada por un miembro que la preside y cuatro vicepresidentes; sin embargo, está pendiente de nombrar a uno de ellos, encargado de la información demográfica y social.
La especialista de Designaciones Públicas, integrado por Artículo 19 y Fundar, apunta que lo grave es que no se estén echando a andar los mecanismos formales e institucionales de los poderes responsables.
“Se manda un mensaje muy fuerte de impunidad de que no están cumpliendo primero con el marco legal, pero tampoco están haciendo caso a estos llamados de órganos judiciales, que representan otro poder y que para eso están, para justamente llamar cuando alguien no está cumpliendo, o sea, llamar a un organismo a otro poder cuando no está cumpliendo con su responsabilidad”, apuntó.
Con información de Animal Político
MSA
