El 7 de diciembre, 22 normalistas de Michoacán fueron recluidas en el penal David Franco Rodríguez porque –presuntamente– violaron la Ley Federal de Armas de Fuego.
El martes 15 de diciembre, el juzgado tercero de Distrito –con sede en Cuernavaca– decretó la libertad inmediata de las estudiantes.
No obstante, en cuanto se dictaminó su libertad comenzó otro proceso en su contra. Esta vez, el delito fue la privación de la libertad.
A pesar de ello, otro juez federal resolvió que la PGR no acreditó el delito que imputaban a las mujeres. En consecuencia, ordenó su libertad.
Todo esto ocurrió en menos de 15 días. Entonces preguntamos, ¿dónde quedó la seriedad, la legitimidad, la confiabilidad y la eficiencia de las autoridades?
Pero más importante, ¿las normalistas son culpables de alguno de los delitos que les imputan? Si no lo son, ¿por qué las detuvieron? Si lo son, ¿por qué dos jueces ordenaron su libertad?
Y por último… ¿Qué sigue? ¿seguirá este baile entre acusados y autoridades?
