Una pregunta a modo, en la conferencia mañanera del viernes pasado, reveló la profundidad del enfrentamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores de oposición.
“Presidente, tengo una duda todavía de lo del Inegi”, dijo una reportera, en referencia a la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto gubernamental, la cual mostró que la percepción de la corrupción en la prestación de servicios básicos creció 7.5% entre 2017 y 2019. “O sea —agregó la reportera—, usted dice que se limpia la corrupción como las escaleras, de arriba hacia abajo. ¿No será que todavía no llega a los niveles más bajos del gobierno?”.
“Hay algo también de eso —respondió López Obrador—. Abajo todavía hay extorsión y gobiernos locales que siguen sin entender que esto ya cambió, por más que les mando telegramas avisándoles: Situación cambió, cero corrupción, cero impunidad. Ten cuidado, no vayas a terminar en el bote. Les mando los telegramas, pero a veces no escuchan”.
-¿Quiénes pueden terminar en el bote?
-Varios, pero lo más importante es evitar la corrupción.
A reserva de saber si el señalamiento presidencial se refiere a hechos y personas concretas —y por qué no se ha actuado en caso de que se trate de situaciones reales—, la declaración echa luz sobre la brecha que se está abriendo entre el gobierno federal y los “gobiernos locales”.
Hace unos días le contaba que muchos de los gobernadores han remontado el clima de amenaza que existía en vísperas de la toma de posesión del Presidente y en los primeros meses de su administración, representado por los llamados “superdelegados” (¿alguien aún escucha hablar de ellos?). A diferencia de entonces, varios mandatarios estatales han comenzado a expresar críticas abiertas a las acciones del gobierno federal.
El mismo día que López Obrador advirtió que “varios” gobernadores podrían terminar “en el bote”, siete mandatarios estatales se reunieron en Parras de la Fuente —tierra de Francisco I. Madero— para analizar las acciones realizadas para contener el covid-19 y demandar mayores recursos federales con ese propósito. Allí estuvieron los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Durango, Colima, Michoacán y el anfitrión, Coahuila.
Pero no fue la única exigencia que tuvieron los gobernadores la semana pasada. También se hicieron escuchar respecto de la decisión del gobierno federal de permitir el regreso a las actividades sociales y económicas en los llamados “municipios de la esperanza”, los decretos que limitan la participación de inversionistas privados en proyectos de energías alternativas, la fecha del retorno a clases y la vigencia del pacto fiscal de la Federación.
En algunos de estos temas, la coalición de gobernadores llegó a ser de hasta 15, pero el núcleo duro, sin duda, está representado por los del noreste y sus aliados. Entre ellos destacan el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca y el jalisciense Enrique Alfaro. La atención del covid-19 ha sido motivo de que brillen algunos de ellos.
Hasta mediados de los años 90, los gobernadores eran meras figuras decorativas, sin poder real. En los hechos, dichos cargos representaban premios de consolación o el pago de favores políticos.
Después de que el presidente Carlos Salinas de Gortari mandó remover a muchos de ellos para desactivar conflictos políticos, en el sexenio de Ernesto Zedillo los mandatarios estatales se enteraron que era posible subírsele a las barbas al Ejecutivo federal, como hicieron el tabasqueño Roberto Madrazo y el poblano Manuel Bartlett.
Ya con Vicente Fox se formó la Conago y los gobernadores vivieron la plenitud del poder. Tal fue su fuerza que entre 2000 y 2012 los hombres que habían ocupado recientemente una gubernatura fueron protagonistas de la política nacional. Paradójicamente, uno de los beneficiados, el presidente Enrique Peña Nieto, se encargó de que la estrella de los gobernadores declinara mediante el fortalecimiento del poder central.
Hoy, López Obrador lanza advertencias contra los gobernadores. Veremos si aún es tiempo de que surtan efecto o si éstos ya se empoderaron.
