Sí habrá agregados laborales de EU en México para supervisar el cumplimiento de nuestra reforma en esa materia, además de una línea especial para denuncias anónimas al Departamento del Trabajo de Estados Unidos.
Lo que negaron, era verdad.
Ni López Obrador ni Seade leyeron el Implementing Bill del T-MEC, que el gobierno de Estados Unidos envió a la Cámara de Representantes para implementar el acuerdo comercial.
Fue un error garrafal, pues ese documento debió ser revisado antes por la parte mexicana para ver si efectivamente refleja lo acordado en las negociaciones.
Nos entregamos con Estados Unidos porque nuestro Presidente, aunque haya obtenido 30 millones de votos, no está preparado para gobernar.
López Obrador dijo en la conferencia matutina de ayer algo que muestra su absoluta ignorancia sobre el tema: “esa ley de Estados Unidos es clandestina”.
Al contrario, leerla y revisarla era parte de la tarea del equipo negociador de México para que no nos salgan con lo que nos salieron.
“No leyeron”, me dijo ayer un exnegociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En la recta final del acuerdo que culminó el martes, sacaron a los empresarios de la negociación y Estados Unidos logró lo que se les había negado: vigilar en México el cumplimiento de nuestras leyes.
Al día siguiente de la firma del acuerdo, el miércoles, se publicó que Estados Unidos podría realizar una tarea de vigilancia sobre el cumplimiento de nuestra legislación (presentada por Morena para cumplir con la adenda del T-MEC que nos pedía EU), para lo cual enviarían hasta cinco agregados laborales.
Jesús Seade lo negó categóricamente. “No sé de dónde sacaron eso”, dijo.
El fin de semana buena parte del gobierno y legisladores de Morena se declararon “sorprendidos” por el tema de los agregados laborales, y aseveraron que México los rechazaría.
No había tal sorpresa. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos publicó en su página electrónica, desde principios de noviembre, que buscaban contratar más agregados laborales para su embajada en México, con sueldo de 117 mil dólares al año.
Ni eso leyeron nuestros funcionarios y negociadores.
El gobierno de México debió conocer el Implementing Bill (H.R.5430) enviado por el gobierno de Estados Unidos a la Cámara de Representantes la mañana del martes 10 de diciembre, previo a la firma del acuerdo en Palacio Nacional.
Ahí viene todo lo que el gobierno ahora niega a medias o se dice sorprendido.
Esas disposiciones lastiman la soberanía y minan las ventajas que hacían atractiva la inversión productiva de la industria estadounidense en nuestro país.
¿Se entiende ahora por qué luego de la firma del acuerdo en Palacio Nacional estallaron en júbilo Donald Trump, los republicanos, los demócratas y los mafiosos sindicales de la AFL-CIO?
Lo que había sido imposible lograr durante años lo consiguió López Obrador: unir en un mismo grito de felicidad a rivales del vecino del norte, porque tomaron el control de la legislación laboral de su mayor socio comercial.
Peña Nieto tampoco era experto en negociaciones de ese calibre, pero tuvo a un equipo inteligente y patriota al que escuchaba. Incorporó al sector privado de principio a fin. Se invirtió dinero en cabildeo con los demócratas, con gobiernos estatales y sectores productivos de la Unión Americana, para que entendieran los beneficios mutuos del TLC y presionaran a sus representantes en el Congreso para aprobar el T-MEC.
Nada de eso se hizo ahora. Por ahorrar en viáticos evitaron el cabildeo. A Ebrard le echaron para atrás el proyecto de abrir una oficina en Washington dedicada a intensificar la negociación con sectores clave en ese país.
A López Obrador le tienen miedo sus colaboradores y así, sobre la base del miedo, no se gobierna un país.
De acuerdo con el documento H.R.5430 enviado por el gobierno de EU a su Congreso, no sólo vienen los cinco agregados laborales, que el gobierno mexicano dice rechazar pero, como aclaró ayer por la mañana el canciller, no se los puede prohibir. Es su personal diplomático.
En el mismo documento –citado ayer por El Universal– se incluye una hotline para recibir denuncias anónimas sobre posibles faltas a la libertad sindical y presuntas infracciones a los contratos colectivos.
Con base en una llamada anónima nos pueden denunciar ante el panel y sancionar la exportación de las empresas acusadas.
México se comprometió a ser vigilado, hasta con una hotline, con énfasis en ocho sectores clave: automotriz, autopartes, aeroespacial, industria panificadora, electrónica, call centers, minería y acero, y aluminio. Más lo que quiera agregar el gobierno de Estados Unidos.
Jamás se había permitido eso. Durante la negociación 91-92 y 93, los estadounidenses querían venir a México a revisar hasta las zanahorias que se iban a exportar. Se les dijo que no y se ganó.
También se ganó en la reciente negociación del T-MEC.
Hasta que llegó el actual gobierno y entregamos todo a cambio de nada.
Trump le tomó la medida a nuestro Presidente desde que lo amagó con aranceles y pusimos 27 mil miembros del Ejército y Policía Federal a sellar la frontera sur y bloquear la frontera norte.
Ahora nos doblegaron con su Implementing Bill del T-MEC.
El gobierno de la 4T no atina a nada coherente en casos críticos como éste.
Como en el ‘culiacanazo’. Con Evo Morales. Y con la detención de Genaro García Luna.
Ayer el Presidente dijo que no se iniciará ninguna investigación contra él. Pero el fiscal general de la República anunció la semana pasada que se pediría su extradición.
Si no tienen cargos ni averiguación contra García Luna, ¿para qué lo van a extraditar?
No están preparados para gobernar. Y los que saben le tienen miedo al Presidente.
El tema es crítico porque dirigentes del sector privado, y la población en general, no se han dado cuenta del problema en que estamos metidos con un gobierno como el que tenemos.
