Las fuerzas armadas son nuevamente objeto de crítica a raíz de la difusión de un video en el que se escucha la voz de un soldado –no se sabe si con mando o no— que grita “mátalo…a la verga”, segundos después de que una camioneta tripulada por sicarios fue acribillada en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Sin conocer los detalles de los acontecimientos ocurridos el pasado 3 de julio, ya todo mundo llegó a la conclusión de que por el hecho de que se escuchó el grito de “mátalo”, los sicarios y tres personas que estaban secuestradas dentro de la camioneta fueron ejecutados por los militares.
Habría que atenerse a la investigación. Pero de confirmarse que hubo ejecuciones a corta distancia, los soldados responsables y la institución armada serían nuevamente víctimas colaterales de la ineficiencia de las autoridades civiles, que no han sido capaces de crear las condiciones para que los militares dejen de involucrarse en el combate al crimen organizado.
Los militares están adiestrados para ir a la guerra. Y en la guerra se tira a matar. No se les puede pedir que se comporten como policías preventivos porque no lo son. No se pueden dar el lujo de tratar con amabilidad a los sicarios que minutos antes intentaron emboscarlos.
Mientras los miembros del Ejército y de la Armada sigan en las calles habrá acciones como las de Nuevo Laredo y como otras que se han registrado a lo largo de muchos años.
Las hubo durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto y en lo que va del actual sexenio ya van dos: la de la comunidad de Tepochica, ocurrida el 15 de octubre del año pasado, en donde murieron 14 sicarios y un soldado, y la de Nuevo Laredo que ahora nos ocupa.
Cuando el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, era un líder opositor y estaba en campaña política permanente, prometía que sacaría a las fuerzas armadas de las calles.
Pero ya como presidente hizo todo lo contrario; incrementó de manera notable la militarización de la vida nacional. Creó un extraño órgano de seguridad llamado Guardia Nacional, que no es otra cosa que la Policía Militar en labores de policía en las calles.
Además, le adjudicó a las fuerzas armadas la construcción del nuevo aeropuerto y el control de puertos marítimos y aduanas, en una decisión que muchos juristas consideran inconstitucional.
Y para que no quedaran dudas, mediante un decreto publicado el pasado 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, el presidente ordenó que las fuerzas armadas participen de manera permanente en labores de seguridad pública hasta el 27 de marzo del 2024, prácticamente durante todo su sexenio.
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En lugar de propiciar la depuración y reestructuración de la Policía Federal, el presidente se fue por el camino fácil de ampliar la participación de las fuerzas armadas en labores de policía y respaldar su decisión con un decreto.
Por cierto, López Obrador se refirió ayer a los hechos de Nuevo Laredo, pero con mucha pena y poca gloria, al decir: “nosotros no vamos a permitir estas prácticas, eso se hacía antes… había la consigna de rematar a los heridos en enfrentamientos”.
¿En serio cree el presidente que los militares remataban a los heridos por consigna? ¿Qué pensarán de esta acusación tan injusta los miles de militares –oficiales y de tropa– que durante años han combatido al crimen organizado y que lo siguen haciendo?
OFF THE RECORD
**PAREJA IMPERIAL
Interesante el amparo obtenido ayer por María de los Angeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Un tribunal federal ordenó reponer la diligencia mediante la cual le fue dictado el auto de formal prisión, debido a que no está clara la identificación de los testigos colaboradores que la acusaron de delincuencia organizada.
¿Y si resulta que dichos testigos colaboradores de la entonces PGR mintieron o ni siquiera existieron?
Alguien tendrá que darnos una explicación sobre esto.
**SCJN CORRIGE LA PLANA
Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la disposición del Código Electoral de Michoacán que prohibía las expresiones ofensivas o denigrantes hacia los partidos políticos durante las contiendas electorales.
La Corte determinó que dicha disposición no forma parte de la Constitución General, por lo que no tenía por qué estar en un código estatal.
La SCJN hizo bien. La prohibición de los mensajes “denigrantes” era tan ambigua, que se usaba como pretexto para censurar la crítica documentada a candidatos y partidos y atentaba contra la libertad de expresión.
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