Hace días, la jerarquía católica de Chiapas giró un documento en donde se ofreció a mediar el conflicto entre el magisterio y el gobierno federal.
En el texto, los sacerdotes cuestionaron que la autoridad negociara con empresarios pero no con maestros; en una clara referencia a la ley 3 de 3.
Días después, el obispo emérito Arturo Lona Reyes ofició misa en un bloqueo de chiapas.
El “Obispo de los pobres” llamó a la autoridad a no agredir a los maestros y a negociar la reforma educativa.
¿Es válido que la iglesia católica –y sus representantes–, asuman estas posturas?
En entrevista para La Otra Opinión, Humberto Roque Villanueva –subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob–, pidió que distingamos entre los que buscan el diálogo y los que toman partido en el conflicto magisterial.
Por un lado, continuó el subsecretario, el Episcopado Mexicano –que es el ala institucional de la iglesia–, ha actuado con gran prudencia. Por lo que no hay acciones que ameriten reclamos o sanciones.
En un tono similar, los actos públicos del obispo Arturo Lona están más allá del alcance de la ley pues se trata de un obispo jubilado. O si lo prefiere, de un sacerdote que ya no responde a la jerarquía católica y, en consecuencia, no hay manera de llamarlo al orden.
De hecho, precisó Humberto Roque, la actitud de la jerarquía católica ha sido mesurada y destacó voces inteligentes como la del obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, quien advirtió que no está de acuerdo con la represión, que es indispensable favorecer el diálogo pero también reprobó los bloqueos de la Coordinadora y pidió reconsiderar algunas modificaciones en la legislación secundaria de la reforma educativa.
Es decir, que a pesar de que existen actitudes cuestionables, no se trata de una actitud generalizada.
Por otro lado, cuando se compara la actuación de la iglesia en Chiapas con las declaraciones en contra del matrimonio igualitario, Humberto Roque precisó que en el segundo caso –el de los matrimonios– la iglesia simplemente se posiciona ante una iniciativa de reforma. Es decir, que no actúa en contra de las leyes y las instituciones –como prohíbe el marco legal–, simplemente se expresa –igual que hacen otros actores– a propósito de un proyecto que podría llegar a ley. En consecuencia, no habría falta que perseguir.
En cambio, cuando un obispo –como Raúl Vera en Nuevo León–, quien se encuentra en funciones y adelanta que se reunirá con la CNTE, sí existen riesgos de vulnerar el Estado de derecho y faltar a las normas que rigen el actuar de la iglesia católica en su relación con el gobierno.
Por lo anterior, Humberto Roque admitió que llegó el momento de reestablecer el conjunto de normas que rigen el trato entre las iglesias y el Estado. Llegó el tiempo de recomponer los criterios y las normas de esta compleja relación; remató. Después de todo, más allá de la norma, algunos sectores de la iglesia católica interfieren en política –y en otras actividades– que simplemente no son de su incumbencia.
