Ministra pirata busca declarar inconstitucional artículos de la Ley de Centros Penitenciarios de la CDMX

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Yasmín Esquivel Mossa, la ministra pirata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), busca declarar inconstitucional 63 de los 142 artículos de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México (CDMX); porque el Congreso capitalino invadió las facultades del Congreso de la Unión, presuntamente.

Ministra pirata busca declarar inconstitucional artículos de la Ley de Centros Penitenciarios de la CDMX

La ministra propondrá este lunes al Pleno de la Corte una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y cuyo proyecto necesita ocho votos para invalidar los 63 artículos.

Por ministras como Yasmín Esquivel ciudadanía no confía en Poder Judicial

La CNDH refiere que varias de las disposiciones que contiene la Ley inciden en la materia de ejecución penal, tales como la ubicación y derechos de las personas privadas de su libertad; así como el régimen de visita y comunicación con la persona defensora, traslados, así como las medidas para alcanzar la reinserción social del sentenciado.

“…por mandato de la Constitución Federal, es la Ley Nacional de Ejecución Penal, expedida por el Congreso de la Unión, el único ordenamiento encargado de regular todas las cuestiones relacionadas con las normas que deberán de observarse en el internamiento por prisión preventiva; en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; sobre los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, regular los medios para lograr la reinserción social”, indica la acción de inconstitucionalidad.

Asimismo, la Comisión menciona que la citada Ley vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad; toda vez que, por un lado, establece una doble regulación respecto diversos supuestos ya previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal y, por otro, fue emitido por una autoridad que no se encuentra constitucionalmente habilitada para ello.

Ello significa que la legislación combatida aborda supuestos relacionados con cuestiones relacionadas con el internamiento de las personas privadas de su libertad; y de su reinserción social en los Centros Penitenciarios de la Ciudad.

DC