Este jueves, en redes sociales circuló un video –grabado el 4 de febrero de 2015– en donde se aprecia a dos elementos del Ejército y a un policía federal mientras torturan a una civil en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero.
En el video se observa como un capitán y una soldado policía militar torturan a la mujer.
También se ve cómo le jalan el cabello.
También se ve cómo la tienen descalza.
También cómo la tienen sentada en la tierra.
También cómo le piden “reconocer” algo.
También cómo le ponen armas en la cabeza.
También cómo le cubren la cabeza con una playera.
También cómo la asfixian con una bolsa de plástico.
También cómo la esposan
También cómo la zangolotean.
También cómo le tapan la boca.
También cómo ignoran sus peticiones de dejarla en paz.
También cómo la insultan.
También cómo la amenazan con darle toques.
Y también cómo la someten físicamente.
Tan pronto circuló la grabación, la Secretaría de la Defensa Nacional –Sedena–, difundió un memorándum en que informó que sabía del agravio desde el 10 de diciembre del 2015.
En ese momento, según la SEDENA, se informó al Agente del Ministerio Público Militar.
En ese momento, según la SEDENA, se integró una averiguación previa para reunir pruebas y ejercer acción contra los involucrados.
En ese momento, según la SEDENA, se informó a la PGR, para que en el ámbito de su competencia, determinara la responsabilidad de los involucrados.
En ese momento, según la SEDENA, la Procuraduría General de Justicia Militar cumplimentó una orden de aprehensión contra los dos efectivos como presuntos responsables del delito de desobediencia.
En ese momento, según la SEDENA, se informó que el oficial y la elemento de tropa estarían internados en la prisión militar.
Y meses después, según la SEDENA, se dictó auto de formal prisión –el 11 de enero de 2016– a los militares involucrados.
A la vista de todos, se confirmó que la tortura sigue siendo una realidad en México.
No obstante, también se dejó ver que las instancias del Estado mexicano responden eficaz y eficientemente a estas situaciones y lo hacen a pesar de que los medios no conozcan y no hayan denunciado el hecho.
Por donde se mire, resulta cuestionable y reprobable que un elemento del Ejército mexicano utilice su influencia, su investidura y su situación de privilegio para atacar a un civil.
No obstante, también es aplaudible que las instituciones del Estado actúen frente a los excesos de quienes laboran en sus filas.
Es decir, que la tortura existe en México –aunque no al grado ni con la intensidad que expuso el relator contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez–, y cuando la autoridad conoce estos casos, responde con eficacia y con firmeza.
