A lo largo de su carrera electoral, Andrés Manuel López Obrador ha usado los escándalos de corrupción de las pasadas administraciones para construir su candidatura con la cual buscaría en repetidas ocasiones la Presidencia de la República.
Para ello, ha usado casos como “la Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto, la guerra contra el narco de Felipe Calderón o la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para armar su discurso populista y mentirle a los mexicanos para hacerles creer que si él llegaba al poder acabaría con la corrupción, que habría austeridad, se acabarían los lujos y los derroches y que corregiría todo esto.
Sin embargo, en sus tres años de su gobierno ha impulsado leyes e iniciativas retrógradas las cuales no sólo están llevando a México a la ruina, sino que además provocarán costosos e irreparables daños para los mexicanos.
Prueba de ello es su polémica reforma eléctrica que envió la semana pasada a la Cámara de Diputados, con la cual busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que tener el control del sistema eléctrico nacional y así bajar las tarifas.
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Sin embargo, especialistas han advertido que esta iniciativa sólo generará terribles consecuencia debido a que no incentiva la competencia al concentrar la mayoría del mercado a la compañía eléctrica del Estado: aumentos en los recibos de luz, apagones constantes, altos costos para generar energía a base de combustibles fósiles, lo cual provocará severos daños a la salud de los mexicanos, pérdida de empleos por la desconfianza e incertidumbre que provocará entre los inversionistas, además que representar retrocesos en los avances que se habían conseguido en el sector energético.
Sin embargo, lo más preocupante serán los altísimos costos que tendría que pagar nuestro país para indemnizar a las empresas que resultarían afectadas por esta iniciativa dañina.
Pues esta iniciativa contempla cancelar contratos a las empresas que tenían inversiones en este sector, en especial las energías renovables y verdes.
De acuerdo con Gerardo Prado, socio del despacho Sánchez Devanny, el costo de los procesos legales abiertos por las empresas afectadas por esta reforma eléctrica ascendería a unos 80 mil 679 millones de dólares, es decir, más de un billón 657 mil 64 millones de pesos costarían los amparos.
Por otro lado, de acuerdo con cifras de El Sol de México, la deuda del Fobaproa cerró con un nivel récord de un billón 62 mil 447 millones de pesos en 2019, el doble de las deuda original por 552 mil millones de pesos.
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¿Ya por fin entendió por qué el dictador de Palacio Nacional es un peligro para México?
¿Hasta cuándo entenderá que su ignorancia, su estulticia y su irresponsabilidad no está costando muy caro a todos?
Con información de Diario Reforma y El Sol de México
MSA
