Este martes, el gobierno de México acusó a las armerías de Estados Unidos (EU) de negligencia en la venta de armas que facilita el tráfico ilegal y la violencia en nuestro país.
Ante la Corte del Distrito de Massachusetts, durante la audiencia con el juez F. Dennis Saylor, el abogado de las armerías, Andrew Leling, detalló que es absurdo argumentar que una fabricante de armas tiene que rendir cuentas por un tiroteo que ocurre en Tijuana, pero no uno en San Diego.
El abogado también señaló que la demanda mexicana es especulativa, dado que sólo 2% de las armas manufacturadas en Estados Unidos termina en México y que menos de la mitad de las armas recuperadas en suelo mexicano, usadas en delitos, vienen de la Unión Americana.
También aseguró que la ley PLACA (Ley de Protección del Comercio Legal de Armas), protege a los fabricantes y comerciantes de demandas y por tanto la acusación mexicana no procede.
Cabe recordar que las armerías acusadas son Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta USA Corp; Century International Arms, Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock, Inc.; Sturm; Ruger &Co., Inc.; y Witmer Public Safety Group, Inc.
Por otro lado, uno de los abogados que acompañó al consultor jurídico mexicano, Alejandro Celorio, defendió que los fabricantes de armas saben que hay un tráfico “sistemático y repetido” de las armas que venden a las tiendas en Massachusetts.
Los abogados mexicanos acusaron a los fabricantes de armas de decidir “seguir proveyendo” armas a pesar de saber en dónde terminan. “Estaba en manos de los acusados evitar el tráfico, que las armas terminaran en manos criminales”.
Rechazó, como alegan los abogados de las armerías, que los traficantes de armas sean “actores independientes” por los cuales ellas no son responsables.
Defendió que sin las armas de Estados Unidos, “habría menos crímenes y menos violencia”.
Piden que armerías actúen legal y razonablemente
Insistió en lo que México pide, que los fabricantes de armas actúen “legal y razonablemente”.
Los representantes mexicanos aclararon que la demanda no es un ataque contra la Segunda Enmienda que defiende el derecho a poseer y comprar armas, o contra la industria armamentista. “Sólo queremos que los acusados hagan lo que el gobierno les ha pedido hacer: vender responsablemente armas a personas apegadas a la ley, no a criminales”.
Tras escuchar ambas partes, el juez Saylor dijo que evaluará todos los argumentos, sin dar fecha para una decisión.
Durante la audiencia por la demanda interpuesta en 2021, el gobierno de México acusó a las armerías de Estados Unidos (EU) de negligencia en la venta de armas.
Con información de El Universal
JZ
