A lo largo de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha aplicado medidas de austeridad para, según él, generar ahorros y darle recursos a los más perjudicados.
Sin embargo, estos recortes presupuestales han golpeado en un 90 por ciento las operaciones de diversas dependencias y servicios de gobierno, lo cual perjudica a los mexicanos.
Por ejemplo, en los servicios generales, tan básicos como la electricidad, el internet o el agua, entre otros, el recorte fue de 37% entre todo el gobierno, aunque en ocho dependencias las disminuciones alcanzaron entre 80% y 90%, como Economía, Cancillería, Desarrollo Agrario o Turismo.
Estos recortes se traducen en que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes(SICT), por ejemplo, prefirió recortar personal y no revisó ni arregló las principales carreteras, lo que hubiera evitado muertes.
La situación también se refleja en falta de viáticos que permitieran a la Secretaría de Educación Pública (SEP) enviar personal que verificara daños en escuelas reportadas como inundadas o robadas. Como nadie verificó, no se pudieron cobrar los seguros.
Funcionarios de Bienestar tienen que hacer “vaquitas” para comprar papelería. Los de Cancillería pierden tiempo esperando el elevador que los lleve a alguno de los 23 pisos de su torre, porque la mitad está descompuesta. En Semarnat, trabajan con software pirata. El archivo digital del Registro Agrario Nacional está a punto del colapso por falta de presupuesto para su mantenimiento.
La consecuencia: el servicio a los ciudadanos ha empeorado.
Las denuncias por la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos han aumentado en 38 por ciento, y la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública creció en 17 por ciento entre 2018 y 2020, según datos del Censo Nacional de Derechos Humanos del Inegi.
La evolución del gasto fue comparada entre 2018 y 2022 para contrastar las cifras del gobierno de Enrique Peña Nieto con las de Andrés Manuel López Obrador.
También, entre 2019 y el presupuesto para 2023, para analizar los cambios presupuestales solo en la actual administración, y dejando fuera del análisis 2020 y 2021, porque los años de pandemia del coronavirus.
De esta comparación se desprende que la austeridad ha sido selectiva, porque recursos hay, y cada vez más. La administración de López Obrador gastó 3% más en términos reales que en 2019, cuando ejerció 7 billones 156 mil millones de pesos, en comparación con Peña Nieto en 2018, que ejerció 7 billones 102 mil millones. Pero al comparar 2019 con 2023, el crecimiento presupuestal es de 16% en términos reales, pues para el quinto año de gobierno tendrá 8 billones 299 mil millones de pesos de presupuesto.
Pero aun cuando la administración de López Obrador gastará más dinero el próximo año, los recortes para el funcionamiento de las oficinas de gobierno continuarán, porque la prioridad siguen siendo las obras insignia de esta administración y los programas sociales, que cada año tienen aumentos presupuestales.
¿Qué se espera para el 2023?
El 2023, el gobierno federal tendrá 340 mil millones de pesos para materiales y suministros indispensables para trabajar en sus oficinas, un recorte de 26 por ciento en comparación con 2019, cuando tuvo 458 mil millones.
Para servicios generales tendrá 41% menos en 2023, es decir, 157 mil millones menos. Esto en realidad no es “ahorro”, sino el aplazamiento de un gasto que podría ser mayor ante la falta de mantenimiento de inmuebles cuyos desperfectos se pueden agravar.
El portal Animal Político y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizaron esta investigación para comprobar los efectos de la “austeridad republicana” en la labor cotidiana de los funcionarios y su repercusión entre los ciudadanos y los servicios que deben recibir.
La investigación se hizo a través de la revisión de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de todas las dependencias, un reporte trimestral y obligatorio por ley en el que se evalúan los riesgos que amenazan las metas y los objetivos institucionales; de los Informes de Austeridad, que reportan los montos “ahorrados”; de encuestas del Inegi y de decenas de entrevistas a funcionarios y exfuncionarios de todos niveles (cuyos nombres fueron cambiados en todos los casos para evitar represalias).
Los números confirman esto:
Como parte de la investigación, en Animal Político y el IMCO se analizó el “Clasificador por objeto del gasto”, donde se encuentran organizadas por claves cada una de las cosas que se compran, contratan o arriendan para el funcionamiento de gobierno. Luego se consultó con fuentes, como exoficiales mayores, para seleccionar los servicios y artículos básicos para poder trabajar en las oficinas gubernamentales, desde energía eléctrica hasta arrendamiento de edificios, o seguridad informática, y se obtuvo una selección de 38 conceptos. De ellos, 30 tuvieron recortes.
El recorte explica estos faltantes. La compra de materiales y útiles de impresión, de la partida 212021 —que incluye la “adquisición de materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación”— tuvo un recorte de 50% entre 2018 y 2022.
Con información de Animal Político
MSA
