Esta semana, en la Cámara de Diputados se aprobaron diversos cambios y una nueva ley sobre la Guardia Nacional (LGN) para armonizar la reforma constitucional de septiembre de 2024. El debate, entre los grupos parlamentarios que integran la Cuarta Transformación y sus opositores, reflejó la clara renuncia de las autoridades civiles para realizar las tareas de seguridad pública sin ayuda de las fuerzas armadas.
Todas y todos hablan sobre militarización sin definir qué significa. Conviene recurrir al Diccionario de Política de Norberto Bobbio donde hay una definición de “militarismo”. El artículo de Gianfranco Pasquino señala que éste es “…un vasto conjunto de costumbres, intereses, acciones, y pensamientos asociados con la utilización de las armas y con la guerra y que sin embargo trascienden los objetivos puramente militares…” y “ se [le] asignan fines ilimitados; tiene a permear de sí toda la sociedad, a impregnar la industria y el arte, a dar la preeminencia a las fuerzas armadas sobre el gobierno; rechaza la cientificidad de toda elección y de su racionalidad y ostenta características de casta y de culto, de autoridad y de fe”.
Durante décadas, desde de los años sesenta, los militares tuvieron una presencia relevante en América Latina y se cree que son los gobiernos con tendencia de “derecha” los que utilizan a las fuerzas armadas en tareas civiles y en el control del aparato institucional. No es así, la “izquierda” también lo hace para funciones de gobierno, seguridad pública y control civil.
A partir del inicio de siglo XXI, algunos gobiernos en Latinoamérica, surgidos a través de procesos democráticos, integraron a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y ciudadana ante el crecimiento, letalidad y “globalización” de los grupos de la delincuencia organizada, especialmente los dedicados al narcotráfico.
Entre agosto de 2007 y agosto de 2010, llegó a la presidencia de la República, por el movimiento independiente, Primero Colombia, Álvaro Uribe quien inició un proceso de militarización con el Plan Patriota y su concepto de Seguridad Democrática. El Plan llevó las acciones de seguridad a la mayoría de los planos de la vida. El país tenía en el escenario a la guerrilla y a los narcotraficantes.
El militarismo también llegó a través de golpes de Estado como es el caso de Venezuela, donde un movimiento de izquierda, basado en el populismo, justificó la presencia militar para defender a la revolución popular y defenderse de las amenazas externas.
Es importante destacar que, en este siglo XXI, un elemento para la integración de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y ciudadana tiene que ver con la presión que ejercen los Estados Unidos para que los países combatan al narcotráfico. Lo podemos ver con las declaraciones de Pamela Bondi, la fiscal general de nuestros vecinos, quien aseguró: “No nos intimidarán y mantendremos a Estados Unidos seguro. No sólo de Irán, sino también de Rusia, China, México, de cualquier adversario que intente matarnos o drogar a nuestros hijos”.
En la discusión, en la Cámara de Diputados, sobre el dictamen de la nueva LGN, la posición del Grupo Parlamentario de Acción Nacional fue clara en la voz de del diputado José Guillermo Anaya Llamas: “Simboliza un intento grave por normalizar la militarización de la seguridad del país, contrario a lo que mandata el artículo 21 constitucional, donde manifiesta claramente que las instituciones de seguridad deben de ser de carácter civil.”
El diputado de Acción Nacional olvidó que fue el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, quién integró a las fuerzas militares en tareas de seguridad pública con el “Operativo Conjunto Michoacán” y a través de un Decreto el 9 de mayo del 2007 donde señaló:
“Que el Ejecutivo Federal tiene la obligación constitucional de preservar la seguridad nacional y la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas permanentes para garantizar la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, así como para crear nuevos cuerpos especiales del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos;
…
Que debe existir dentro de la estructura del Ejército y la Fuerza Aérea un cuerpo especial bajo las órdenes del Presidente de la República, que cuente con los elementos humanos, materiales, técnicos, tácticos y estratégicos necesarios para intervenir en las tareas de apoyo mencionadas;
Que la creación de un cuerpo especial de esta naturaleza pretende atender el surgimiento de fenómenos y situaciones excepcionales que pongan en riesgo la seguridad interior de la nación, el orden público, la integridad y la vida de los ciudadanos o la estabilidad de cualquier parte del país.
…”
Felipe Calderón inició una guerra contra la delincuencia organizada, utilizando a las fuerzas armadas; el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador modificó la visión al buscar la pacificación del país. Pero los dos hicieron uso de las fuerzas armadas para sus propósitos. Ahora, la Guardia Nacional, creada en 2019, estará bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la presidenta de la República tiene como facultades:
“…
I al III.
IV. Nombrar, con aprobación del Senado, a los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional;
V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, con arreglo a las leyes;
VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación;
VII. Disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley;
…”
Así, hay una ambivalencia: La presidenta de la República tendrá el mando de la Guardia Nacional, pero a través del secretario de la Defensa, de los militares.
¿Es necesario construir nuevos instrumentos jurídicos para hacer uso de las fuerzas armadas en contra de la población? No. El 2 de octubre de 1968 es una de las muestras más evidentes de la forma en que el gobierno civil puede utilizar al poder militar tan sólo por la decisión de una persona.
Lo que hicieron los grupos parlamentarios integrantes de la Cuarta Transformación fue “normalizar” la tendencia que inició Felipe Calderón y que se expresa en diversos países de Latinoamérica. Además de que fortalecieron las perspectivas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 que deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, aprobado en abril.
La Estrategia Nacional de Seguridad planteó cuatro ejes principales: La Atención a las causas; la Consolidación de la Guardia Nacional (Eje 2); el Fortalecimiento de la inteligencia e investigación (Eje 3); y la Coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas (Eje 4).
Las reformas en materia de Guardia Nacional tiene algunos riesgos: la tentación de que las herramientas de inteligencia e investigación y la intervención telefónica puedan ser utilizadas de manera discrecional y contra los opositores.
Y hay un tema que ha llamado la atención: la probabilidad para que los militares tengan licencia para “desempeñar cargos de elección popular” (Artículo 44). Recordemos que el 3 de diciembre de 1945, un decreto firmado por el presidente Manuel Ávila Camacho cerró el camino a los militares en la política electoral.
Hay mucho de demagogia en lo discusión sobre la nueva situación de la Guardia Nacional, pero lo que queda claro es que las autoridades civiles parecen renunciar a la tarea de la seguridad pública y eso, eso es lo más preocupante ¿Qué controles tendrá la Guardia Nacional?
