La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó al pleno su iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, que implicaría reducción de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos.
Según los morenistas, la legislación será uno de los principios rectores de la administración y eje estratégico del gasto público, la cual no afecta, suprime, disminuye ni restringe programas sociales ni derechos tutelados en la Constitución.
Estos son los 10 puntos de la iniciativa:
- Los funcionarios públicos deberán recibir atención médica en los sistemas públicos de seguridad social. ¿Ya no más Médica Sur para Andrés Manuel López Obrador? Cabe recordar que en 2013, cuando sufrió un infarto, el tabasqueño se atendió en un hospital privado.
- Se prohíbe la pensiones de retiro de expresidentes. De acuerdo con una iniciativa presentada por legisladores de Morena hace unos días, la pensión no se eliminará; sólo se disminuirá la remuneración.
- No estará permitida la contratación, a cargo de recursos públicos, de seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación. Habrá que dar el beneficio de la duda y esperar que, en efecto los gastos médicos y otros rubros no salgan del erario.
- Prohíbe establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro. Definitivamente, ya no más privilegios a nadie; los jubilados ahora serán personas con 68 años cumplidos, no de 65 como actualmente se maneja.
- No incrementará el aparato burocrático, por lo que no se crearán nuevas plazas y los empleos que se conserven deberán estar plenamente justificados y aportar valor a la economía. Así es, 200 mil empleados federales serán despedidos.
- La iniciativa restringe el uso de escoltas a los casos estrictamente justificados por razón de necesidad en la función desempeñada. Apenas el pasado 15 de agosto, Nestora Salgado anunció que en cuanto tomará su cargo como senadora pediría protección federal por supuestas amenazas.
- Limita el uso de vehículos del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población.
- Restringe el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión. Un 50 por ciento de recorte que supone el fin de algunos medios, como por ejemplo La Jornada.
- Se limita el número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Avísenle a Gerardo Fernández Noroña o a Marcelo Ebrard, quienes suelen hacer uso de vuelos VIP.
- Éstos aplicarán para todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes de la Unión y demás entes públicos federales.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictaminación.
