Desde que Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, anunció que participaría en el proceso interno del Frente Amplio por México (FAM) para elegir al candidato presidencial de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado a todo el aparato del Estado y su maquinaria propagandística para difamarla y atacarla.
Todo ello con la intención de descarrilar sus aspiraciones presidenciales, pues tiene la enorme preocupación de que la legisladora blanquiazul frene sus intenciones autoritarias y ponga fin a su movimiento corrupto, impune y criminal llamado 4T.
Sin embargo, no es nuevo que el mandatario tabasqueño use los instrumentos del Estado para intimidar y perseguir a aquellos que representen una amenaza a sus objetivos.
Por ejemplo, desde sus “mañaneras”, amenaza, descalifica y arremete contra aquellos que se oponen a sus desplantes autoritarios y critican sus decisiones y políticas erróneas.
Para reflexionar acerca de este tema tenemos la columna de Marco Adame que se titula “Abuso de poder”, en donde expone cómo el gobierno de Andrés Manuel ha demostrado ser eficaz para intimidar y mediatizar a sus adversarios políticos para desactivarlos.
“Utilizando a las instituciones del estado para sembrar dudas, confundir a la opinión pública y fincar supuestas responsabilidades a funcionarios públicos o líderes de la oposición con el fin de cobrar viejas cuentas o desactivar políticamente a quienes estorben a sus designios, mediante procesos judiciales que han llegado a la prisión preventiva y al autoexilio”, escribió.
Enfatizó que evitar la desproporción en el uso de la fuerza por parte del Estado en contra de sus gobernados, no solo es un principio universal y una obligación consagrada en nuestras leyes, “es una grave responsabilidad de quienes ostentan cargos de autoridad y han jurado cumplir la ley y velar por el bien del país”.
“Esta maquinación es abuso de poder. En sentido estricto, estamos ante la extralimitación en el ejercicio de las facultades que les son propias a diversas instituciones del estado mexicano en perjuicio de un particular. Este atentado en contra de los derechos y libertades políticas de los ciudadanos está tipificado como abuso de poder en países democráticos, en nuestro país se interpreta por analogía a partir de diversos ordenamientos legales”, subrayó.
A continuación puede consultar el texto completo.
Con información de La Silla Rota
MSA
