Recientemente la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, celebró, con bombo y platillo, que en el ranking de Transparencia Internacional, México escaló ocho peldaños en el combate a la corrupción, pues pasó del lugar 138 al 130, de entre 180 naciones.
Primero, no había motivos para festejar, pues dentro de la “Cuarta Transformación” la corrupción continúa. Segundo, la funcionaria ha quedado a deber en su labor para combatirla.
Lo anterior, por exonerar al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett y, después, no impidió que una empresa del ex superdelegado, Carlos Lomelí, obtuviera un convenio con el gobierno federal.
La SFP no quiso encontrar pruebas contra Bartlett
Hace unos meses, el periodista, Carlos Loret de Mola, publicó una serie de reportajes donde expuso que Manuel Bartlett era propietario de varias empresas y propiedades. Situación que obligó a la SFP investigar tales señalamientos.
Después de casi tres meses de indagatorias, el pasado 19 de diciembre, Eréndira Sandoval informó que, el director de la empresa productiva del Estado, no era dueño de dichos bienes, pues correspondían a su pareja sentimental, Julia Abdala; en consecuencia lo exoneró.
Sin embargo, tal resolución no convenció a nadie –sociedad y actores políticos incluidos–, porque la SFP nunca indagó a fondo a Bartlett Díaz, solo concluyó que él no era dueño de los activos antes mencionados, sin detallar si tuvo algo que ver en la adquisición de los mismos.
Permitió que empresa de Carlos Lomelí firme convenio con gobierno
Otro momento donde Irma Eréndira mostró su incompetencia, fue cuando permitió que una empresa del ex superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, pudiera obtener un contrato multimillonario con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Resulta que en septiembre pasado, la SFP inhabilitó a Laboratorios Solfrán –farmacéutica propiedad de Lomelí–. No obstante, durante diciembre, dicha compañía firmó un megacontrato, por hasta 126 millones de pesos, por la compra consolidada de medicamentos.
Cabe señalar, que dicha empresa no podía rubricar convenios con el gobierno por dos años y seis meses. Sin embargo, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), le otorgó, a principios de diciembre, una suspensión definitiva en contra de la inhabilitación.
Aparte de no poder obtener contratos con la Administración Pública Federal, la dependencia de Irma Eréndira Sandoval le impuso una multa de un millón 51 mil pesos.
Sin embargo, la SFP falló porque su recurso de inhabilitación en contra de Solfrán y Lomedic –por falsear información sobre los nexos de éstas con Lomelí–, fue desechado con facilidad por un Tribunal. Lo que muestra que la investigación resultó ser deficiente y dejó vacíos, los cuales supo aprovechar el antiguo superdelegado de la Secretaría del Bienestar en Jalisco.
