Aunque todo mexicano tiene derecho a la libre manifestación, el tema ha sido polémico en no pocos estados. Y es que no existe una autoridad capaz de balancear las libertades de unos con las de otros; o si lo prefiere, que equilibre el derecho de marchar de unos con el derecho de transitar libremente de otros, por poner un ejemplo.
Y resulta curioso que mientras en la Ciudad de México son legales las manifestaciones violentas –pues la Corte desapareció faltas como el Delito de alteración del orden público–, en otros estados parece haber intentos por reprimir las protestas.
Recientemente, el Congreso del Estado de México aprobó la Ley que Regula la Fuerza Pública –enviada por el gobernador Eruviel Ávila–, la cual admite el uso de la fuerza pública en las protestas sociales.
La también llamada “Ley Atenco” recuerda que el Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones. Es así que cuando se irrumpe con violencia el orden social, los cuerpos de seguridad podrán utilizar armas para dispersar las manifestaciones violentas.
La “Ley Atenco” –cuyo nombre es en alusión a los disturbios que se presentaron, en 2006, cuando autoridades se enfrentaron con los habitantes de San Salvador Atenco–, faculta a las agencias de seguridad para disolver manifestaciones, reuniones y asambleas que se consideren ilegales.
Dicha ley señala:
“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de las armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de tercero, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave…”.
Además, en caso de complicaciones mayores, el Artículo 52 de la misma ley libra de responsabilidades al gobernador y a los alcaldes, por lo que se le deja la responsabilidad a los mandos operativos.
En este espacio creemos que, si bien se trata de una ley polémica –que seguramente será vapuleada en las redes sociales–, lo cierto es que se trata de una medida necesaria. ¿Por qué? Porque los policías necesitan herramientas jurídicas –más que físicas–, para responder a los manifestantes violentos.
Es decir, que si las marchas se tornan agresivas, los agentes deben tener la posibilidad de contenerlas echando mano de la fuerza, siempre que ésta sea proporcional y justificada.
Y como seguramente el proyecto será cuestionado con severidad, no sobra preguntar, ¿ahora sí se respetará –y se hará respetar–, el Estado de Derecho?.
La pregunta no sobra pues, hace meses, en Puebla se aprobó la llamada “Ley Bala”; la cual –igual que ocurre en el estado de México– pretendía regular el uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades en las manifestaciones.
Dicha ley establecía “que el uso de la fuerza legítima es un mecanismo para la restauración de la estabilidad social y del orden colectivo, siempre y cuando exista imposibilidad de hacer cumplir la ley por otros formas como el diálogo, la persuasión o la advertencia”.
No obstante, la “Ley Bala” tuvo una corta vida. El gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, mandó una iniciativa para derogarla después de que un adolescente de 13 años muriera de un impacto de proyectil en la cabeza, durante la dispersión de una protesta.
Por eso insistimos, ¿resistirá en el Estado de México –en la antesala de un proceso electoral–, el intento por reforzar la acción de los policías?
