Es normal que un gobierno, conforme pasa el tiempo de su ejercicio, pierda la fuerza de sus palabras y acciones, ante quien le apoyó inicialmente y por el surgimiento de quien vaya a sucederle.
El adelanto de los tiempos sucesorios por parte del presidente y al interior de su partido, no logró dar el jalón a los partidos de oposición, ni a los candidatos opositores.
Lo que si bien posicionó a las denominadas corcholatas, propició desgaste, la confrontación y la posible división al interior del partido oficial, no así, en los partidos opositores, sin embargo, estos últimos no han logrado armonizar sus esfuerzos hacia una candidatura común y viable para la competencia electoral.
Ha sido la sociedad la que ha encauzado una energía opositora y organizativa para defender las instituciones democráticas, como el INE y el TEPJF, así como derechos y libertades asociados a la democracia, la libertad de expresión y de organización.
De igual manera, ha ocurrido con la marcha de las mujeres del #8M, en defensa de su seguridad fundamentalmente, de su respeto, derechos y libertades por sus vidas, en sus casas, en los trabajos, en la calle, en el transporte público, en donde quiera que estén.
Las esposas, hijas y familiares de los militares caídos, desaparecidos o recluidos, han manifestado también su inconformidad, porque estos elementos de la tropa han sido injustamente castigados, por lo que han hecho para defender a la sociedad y no encontrar el respaldo de las autoridades, asumiendo éstas una defensa de los delincuentes y no de quienes los combaten. Hicieron resonar la expresión “la tripa no se toca”, vinculando al llamado precio de que “el INE no se toca”, “mi voto no se toca” y “las mujeres no se tocan”.
Estas manifestaciones muestran cada vez más, que la denostación o la posverdad que construye el poder político, choca con la realidad y da cuenta de la disminuida efectividad, para impactar e inducir en la sociedad, buscando distorsionar la visión de las cosas.
El ejemplo reciente, del traslado de personas de varias ciudades al zócalo de la Ciudad de México, para escuchar el mensaje presidencial sobre la expropiación petrolera, fue opacado por la presencia de la bandera, que fue retirada en las marchas de la sociedad, y por la quema de la figura de la ministra presidenta de la SCJN, así como por las vallas que cuidan la seguridad del presidente y de sus invitados, que los separan del pueblo mismo al que dicen defender, pero del discurso presidencial, no hubo la resonancia esperada por el gobierno y sus seguidores.
Más aún, es lamentable que el evento para celebrar la expropiación petrolera no contase con la presencia de los familiares del presidente Lázaro Cárdenas, y lo que se expuso, y tuvo una grave y miserable y cobardía, fue la quema que hicieron algunos asistentes fanáticos en la plancha del zócalo, de la figura de la ministra presidenta, que fue
la consecuencia de un reiterado discurso del odio, desde el poder público, contra las mujeres, contra quienes son mejores, contra la constitución y contra la democracia, contra la verdad, contra el respeto, contra el diálogo, que asume la anticipada derrota.
Se desdeñó que la libertad de expresión y de manifestación nutren la democracia y fortalecen el estado de derecho, pero que las muestras fascistoides de la quema simbólica de personas, son incongruentes con la tolerancia, la libertad y el respeto que se debe a las opiniones contrarias y, más hacia otro poder público que la propia constitución defiende.
Es insostenible y grave el riesgo del discurso del odio, que promueve violencia, abuso, inseguridad e impunidad.
Puesto que las instituciones judiciales garantizan el pacto constitucional, son la última trinchera del orden social y el estado de derecho, evitan abusos e impunidad unipersonales y de poderes prostituidos.
Es sabido que la historia enseña lecciones de vida, el metaverso muestra lo complejo y da espacio a cambiar lo mal decidido, por eso el presidente y su gobierno gobierno reculan cuando tienen en el cuello la soga de EU, o de los problemas absurdos que engendran, sin embargo, declaraciones flácidas y trasnochadas, para taparle el ojo al macho, son como el que tira la piedra y esconde la mano, pues los datos duros hablan por sí solos.
Nos aproximamos ruidosamente a los 150 mil homicidios dolosos en la presente administración, expresión de la inseguridad e impunidad.
Además, como si fuera un dato trivial, por ignorancia, negligencia y necedad gubernamental, tenemos más de 700 mil muertes que pudieron evitarse, por la epidemia de COVID-19, un daño social irreversible, que alguien tendrá que responder en su momento.
Y los registros graves sobre México, que el Informe sobre los derechos humanos 2022, del Departamento de Estado, dado a conocer recientemente, nos señala como un país y un gobierno donde prevalecen la violencia, la impunidad, el abuso, la inseguridad, los homicidios de luchadores sociales, de mujeres, de periodistas y la injusticia que es parte de la colusión entre la delincuencia y las autoridades.
Mucho de lo que el Informe sobre Derechos Humanos, del Departamento de Estado señala, está en la ruta de malas políticas gubernamentales, en donde la concentración del poder y su impulso de mantenerse, nos ha conducido a que la gobernabilidad divague entre la corrupción, la ignorancia, la inexperiencia y la incompetencia.
Es así como nos acercamos a un proceso electoral, a la sucesión presidencial, con riesgos sociales mayores, no solo por los costos que nos señalan los principales indicadores, sino por un disminuido ejercicio de los valores democráticos.
Así las cosas, la sociedad sigue teniendo la palabra. La posverdad no encuentra asidero y la falsedad o mentira juegan entre el discurso del odio y hacen resonar la idea de la politiquería del alemán Goebbels.
