La piratería —una de las muchas fuentes de ingreso del crimen organizado— es un acto común y muy antiguo en México. Y según parece, es un delito que no se terminará a pesar de los esfuerzos de las autoridades para combatirla.
Y es que pareciera que las autoridades no ven —o no quieren ver— que la reproducción ilegal en el “mercado sombra” también está ligada a actividades ilícitas como el narcotráfico, cobro de piso, evasión fiscal, lavado de dinero y robos. O simplemente, se hacen de la vista gorda aunque conocen a la perfección que uno de los principales centros de fabricación y distribución de piratería es el barrio bravo de Tepito en la Ciudad de México.
De acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, esta práctica le habría costado al país más de 43 mil millones de pesos en 2014; esta cantidad equivale al 34 por ciento del recorte presupuestal anunciado por la Secretaría de Hacienda en 2015.
Además, la piratería ocasiona una pérdida recaudatoria de poco más de seis mil millones de pesos por la evasión al pago IVA. Y si estas cifras se ponen en otro contexto, el resultado es escandaloso. La pérdida que representa la piratería equivale al 128 por ciento de todo el presupuesto para el 2014 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como 34 veces los recursos destinados al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Peor aún, la pérdida por el consumo de piratería en nuestro país –para 2014— podría financiar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante todo un año.
Como lo dio a conocer el Portal Letra Roja: Un buen vendedor puede ganar desde mil 500 pesos diarios hasta 30 mil pesos al día en un puesto grande. Toda esta cantidad sería libre de impuestos.
Esta práctica —que es más visible en México que en otros países— es común y de fácil acceso para los ciudadanos que optan principalmente por películas, discos compactos, libros, ropa, perfumes, accesorios para dispositivos móviles y programas computacionales.
Por otro lado, se ha vuelto una práctica común que los estrenos de cine lleguen a los puestos de piratería hasta dos meses antes de su estreno en las salas de cine. Y es que los empresarios cinematográficos venden sus estrenos a los puestos pirata en 20 mil pesos. De esta manera, la industria de la cinematografía –que algunos pensarían es la más afectada por los puestos pirata–, estaría coludida con los productores de mercancía apócrifa. O si lo prefiere, que las productoras y distribuidoras inician con la cadena de ventas que llega a los vagones del Metro, a los tianguis, a los mercados y a la vía pública; todo solapado por las autoridades.
El Instituto Belisario Domínguez menciona que —en cuestión musical— la piratería provocó la desaparición de siete mil puntos de venta de música original y el despido de 29 mil trabajadores formales. En lo que toca al cine, ocho de cada 10 películas que se venden en nuestro país son apócrifas y la mitad de las prendas de vestir que se consumen en el mercado tienen su origen en el contrabando y la piratería.
Tan solo en un año —del 1 de agosto del 2014 al 31 de agosto de 2015—, la PGR registró dos mil 845 averiguaciones previas por presumibles ilícitos en materia de derechos de autor y propiedad industrial, de las cuales 556 eran previstos en el Código Penal Federal y dos mil 289 fueron sancionados conforme a la Ley de Propiedad Industrial.
Dirán algunos que las ganancias de las grandes empresas y su poca flexibilidad para ofrecer costos accesibles a todos los bolsillos, la piratería es preferida como forma de protesta social.
