El presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió en su campaña electoral que no habría incrementos de impuestos ni nuevos impuestos durante los primeros tres años de su administración, lo que ha sido ratificado en el Paquete 2020.
Las modificaciones tributarias son aplicaciones de impuestos ya existentes, actualizaciones o cambios menores de tratamiento.
Sin embargo, cuando se ven las cifras presupuestales y las presiones existentes, queda claro que, aunque a López Obrador no le guste el cambio de reglas en materia impositiva, éste será necesario si no quiere que se desfonden las finanzas del Estado durante su sexenio.
Van cuatro razones por las que debe haber una reforma fiscal de gran alcance cuando más tarde en el 2021.
1-La austeridad y honestidad no dan para mucho más. Falta ver la realidad del gasto público al final del 2019, pero al margen de las estimaciones que contiene el Paquete Económico, la realidad es que, hasta el mes de julio, el gasto programable del sector público, es decir, aquel en el que el Ejecutivo puede incidir, cayó en -3.5 por ciento en términos reales. Esto significa una reducción de 114 mil millones de pesos efectivos. Pero los ingresos prespuestales del sector público cayeron en -2.7 por ciento, lo que significa una pérdida de 82 mil millones de pesos.
Es decir, después del ajuste de gasto necesario para compensar la pérdida de ingresos, el ahorro efectivo es solo del orden de 32 mil millones de pesos. Ni lejanamente cercano a los cientos de miles de millones de pesos de los que se habló.
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2-Hay presiones subyacentes de gasto que van a seguir creciendo. El caso más obvio es el pago de las pensiones. El crecimiento que tuvieron estos pagos en los últimos cinco años fue de 35 por ciento en términos reales. Para el 2020 se estima otro 6.2 por ciento. Asumiendo que ese fuera el incremento que van a tener en lo que resta de la actual administración, solo para pagar los montos adicionales, sin mejorar la condición de los pensionados, se requerirían alrededor de 300 mil millones de pesos adicionales por año.
3-La ampliación de la política social requerirá recursos adicionales. No es imaginable que los programas sociales lanzados por este gobierno sobrevivan con los recursos que se les asignaron en 2019. En los primeros siete meses de 2019, el gasto en desarrollo social creció apenas en 2.2 por ciento en términos reales. Es obvio que habrá presiones para incrementar ese gasto y para realizarlo sin incurrir es más deuda se requerirán más ingresos tributarios.
4-Se necesita una reforma fiscal para mejorar la distribución del ingreso. El presidente se tendrá que convencer con las evidencias que hay en el mundo de que la posibilidad de hacer más equitativa la distribución del ingreso en México –una de sus banderas fundamentales– pasa por una reforma fiscal que incremente la recaudación y ofrezca recursos para mejorar realmente el conjunto de programas sociales que apuntan a los más pobres. Se ha comentado muchas veces, incluso por parte del propio secretario Herrera, que la gran diferencia entre países con mayores niveles de equidad, como los de Europa, estriba en que la distribución del ingreso mejora mucho luego de las acciones estatales. En México no. Es la misma distribución antes y después de la intervención del gobierno.
Eso es lo que se requiere cambiar si se pretende que verdaderamente haya Cuarta Transformación.
