El pasado lunes, un juez federal dio a las dos cámaras del Congreso de la Unión un plazo de diez días para que corrijan la Ley General de Comunicación Social aprobada en el 2018, o bien que emitan un nuevo ordenamiento en la materia.
La llamada “Ley Chayote” fue aprobada durante el último año del sexenio anterior con el supuesto propósito de regular la publicidad institucional que colocan en medios de comunicación todos los entes administrativos del país.
Sin embargo, la Ley General de Comunicación Social estuvo hecha tan a las carreras, que no cumplió con su objetivo y no terminó con la discrecionalidad de los gobiernos de los tres niveles y de los organismos autónomos para asignar los contratos de publicad.
La legislatura que se instaló el 1 de septiembre del 2018, con el dominio total de Morena tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, tuvo tres años para modificar dicha ley o para expedir una que sí cumpliera con los requerimientos en la materia. Pero no lo hizo.
Y no lo hizo porque al presidente Andrés Manuel López Obrador le conviene que siga vigente la “Ley Chayote”, pues de esta forma puede reeditar la práctica de gobiernos anteriores de usar la publicidad institucional como un sistema de premios y castigos para los medios de comunicación.
El gobierno de López Obrador ha beneficiado descaradamente al periódico La Jornada con contratos millonarios de publicidad, y lo ha puesto casi a la par de medios de gran impacto, como lo son Televisa y TV Azteca.
En cambio, ha “castigado” con una reducción considerable en los montos de publicidad a medios críticos, como Reforma y El Universal, que indudablemente tienen un impacto mucho mayor que La Jornada.
El manejo discrecional que hace López Obrador de los recursos destinados a la publicidad le permite tener silenciados a una buena cantidad de periódicos y estaciones de radio, en los cuales no se ejerce la crítica en aras de conservar las migajas que reciben de Palacio Nacional vía contratos de publicidad.
Una adecuada ley en materia de comunicación social de aplicación general debería establecer criterios claros para que los gobernantes de los tres niveles, los congresos, los tribunales de justicia y los organismos autónomos nacionales y estatales asignen los contratos de publicidad.
Esta regulación debería obligar a los servidores públicos a tomar en cuenta criterios como el impacto mediático comprobable de los medios (rating en el caso de radio y televisión, visitas en el caso de las páginas web y ventas en el caso de periódicos impresos), así como experiencia y solidez empresarial, para asignar los contratos.
Te puede interesar | AMLO, AMIGO DE DICTADORES
El pasado 8 de septiembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la “Ley Chayote” y ordenó al Congreso corregirla o de plano emitir un nuevo ordenamiento que regule el artículo 134 de la Constitución y tercero transitorio de la reforma constitucional en materia electoral de 2014.
La Corte invalidó la “Ley Chayote” precisamente por considerar que “no esclarece ni detalla los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, ni tampoco dispone procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicho gasto cumpla con los criterios referidos, disminuyendo así la discrecionalidad de los agentes gubernamentales involucrados”.
La nueva legislatura del Congreso de la Unión, que se instaló el pasado 1 de septiembre, tuvo cuatro meses para cumplir con la sentencia de la Corte, pero no lo hizo. Es claro que López Obrador prefiere que se mantenga vigente la “Ley Chayote”.
Ahora que un juez federal dio al Congreso un ultimátum de diez días, se ven escasas probabilidades de que se cumpla con la sentencia, pues ambas cámaras se encuentran en periodo de receso.
El Congreso, dominado aún por Morena y sus satélites, se burlará una vez más del Poder Judicial y el presidente de la República seguirá castigando y premiando a los medios, basado en la “Ley Chayote”.
OFF THE RECORD
**POR CIERTO…
Una diputada del PT, de nombre Ana Laura Bernal, propuso en la Comisión Permanente que la Presidencia de la República “investigue” a los medios de comunicación que difundan noticias falsas.
Se trata de un burdo intento de la petista de agradar a su líder supremo.
¿O será ella el instrumento para lanzar un buscapiés, a ver qué pasa?
**¿Y LOS “SAQUEADORES”?
En enero del 2017 hubo saqueos masivos en centros comerciales de varias ciudades del país, por el “gasolinazo” de entonces.
Y ahora, que el incremento de los combustibles es todavía más severo que el de hace cinco años, a nadie se le ha ocurrido saquear ni un Oxxo.
¿Raro? No tanto. Los saqueos del 2017 no tuvieron nada de espontáneos. Fueron producto de arengas lanzadas por el ejército de bots al servicio de López Obrador y de Morena. Sus instigadores están ahora en el poder.
Correo: [email protected]
Twitter: @pepecontreras_m
