No hay mayor desafío en nuestro país que la vigencia del Estado de derecho. La justicia termina siendo en demasiadas ocasiones selectiva y en otras se corrompe o se esconde. Es un problema endémico y marcado por una ineficiencia y burocratización, que terminan siendo los mejores acompañantes de la corrupción.
Cuando hablamos de que se denuncian menos del diez por ciento de los delitos que se cometen y de esos sólo entre un seis por ciento, en el mejor de los casos, termina con una condena, la evidencia de la impunidad es incontrastable. El mejor ejemplo lo terminó dando el propio presidente López Obrador esta semana: dijo que por el delito de robo de combustible habían sido detenidas 600 personas, pero que sólo 60 terminaron con un proceso, porque el delito sigue considerándose como no grave.
¿Qué sentido tiene encabezar una guerra contra un delito que no se considera grave y por el cual sólo una décima parte de los detenidos, ninguno de importancia, terminan detenidos, y quien sabe si condenados?. Y no es sólo el huachicoleo, lo mismo pasa con asaltantes, con narcotraficantes, con secuestradores.
El presidente López Obrador se equivocó cuando, en dos o tres oportunidades, en apenas una semana, insistió que había intervenido ante la Suprema Corte para “evitar un fraude de 35 mil millones de pesos” de exaccionistas de la cervecería Modelo que reclamaban la devolución del ISR por la venta accionaria de esa empresa.
No vamos a discutir la exigencia de los accionistas, es un tema para fiscalistas y no somos especialistas en el tema. Pero debemos insistir en señalar que si quienes están reclamando esa devolución de impuestos lo están haciendo por la vía judicial y por ella llegaron hasta la propia SCJN, no están haciendo un fraude, están reclamando un derecho, un beneficio que, simplemente, debe ser la propia Corte la que defina, como lo hizo, si es válido o no. Y decidió que no. Punto final.
Lo que no puede hacer el Presidente es reclamarle a la Corte y mucho menos decir que intervino ante ella para “evitar el fraude”, agregando además que si hay jueces corruptos él mismo los castigará. Por supuesto que el ejecutivo tiene todo el derecho del mundo de hacerle llegar al poder judicial sus opiniones sobre un tema, pero no puede intervenir en la decisión, mucho menos expresarlo públicamente de esa forma. Tampoco él puede destituir a un juez porque lo considere, o sea, corrupto. Es una responsabilidad de la propia Judicatura y las denuncias se deben canalizar por ese organismos.
Claro que hay jueces corruptos aquí mismo los hemos exhibido durante años, pero la decisión de quitar a un juez es del Consejo de la Judicatura, no del Presidente de la República. No es tampoco un tema abandonado, el nuevo presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar, más temprano que tarde comenzará a dar a conocer casos de jueces que tendrán que explicar su riqueza inexplicable. Pero esas son decisiones judiciales.
Tampoco es válido que, desde otros ámbitos, se le reclame a la Corte o a su nuevo presidente que se convierta en una suerte de vocero de la oposición ante el ejecutivo como una forma de ejercer contrapeso a éste. Primero, porque el poder judicial debe ser, así está contemplado en la Constitución, contrapeso de los otros poderes, pero también un poder que contribuya a la gobernabilidad. Una Corte protagónica, contestaría, no sirve ni de contrapeso ni abona a la gobernabilidad. Veamos simplemente el caso de Brasil y la interminable danza de venganzas político-judiciales que han acabado con la gobernabilidad del país.
Apenas ayer, en una decisión mucho más política que judicial, le sumaron otra condena de 12 años al dirigente más popular del país, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Con un detalle, el juez más duro, exhibicionista, popular, mediático (tiene hasta una serie en Netflix) el verdugo de Lula, Sérgio Moro, repentinamente saltó del poder judicial al ejecutivo y es ahora la mano derecha del presidente Bolsonaro, el gran beneficiario de que Lula no estuviera en la boleta electoral. En Brasil le llaman el gobierno de los jueces y el costo para el país, en todos los sentidos, ha sido altísimo.
El contrapeso de la Corte ante los otros poderes no se da con declaraciones, sino con resoluciones judiciales. La responsabilidad máxima de la SCJN es ser el garante de la Constitución, no reemplazar a una oposición lamentablemente desarticulada. Y varias de sus últimas resoluciones, como el tema de los salarios lo demuestran. Y tienen un desafío inmediato que pasa por reconstruir y modernizar un sistema judicial rebasado, anacrónico, que permita que el índice de impunidad, por lo menos desde su ámbito, que no es el único involucrado, disminuya sustancialmente.
LOS ABARCA
Hablando de justicia: ¿realmente alguien puede creer que el matrimonio Abarca, como le dijeron ayer en Iguala al presidente López Obrador, es una pareja de presos políticos?. Son políticos, que ordenaron y solaparon asesinatos, crímenes, protección a cárteles criminales, que están presos. El orden de los factores sí altera el producto. Sería lamentable que fueran parte de una amnistía, así fuera solapada, cuando son la principal pieza del esquema de corrupción del caso Ayotzinapa.
