Si el comportamiento de la industria de la construcción fuera otro, también lo sería el de la economía nacional.
Ayer, el INEGI presentó los datos de su encuesta mensual entre empresas constructoras, que reveló la terrible dimensión de la caída de este sector.
El valor de la producción de las empresas constructoras cayó a una tasa anual de -7.8 por ciento respecto al mismo mes del 2018 y el personal ocupado en el sector descendió en -5.3 por ciento.
Pocos sectores de la economía tienen tal impacto como el de la construcción. Y está viviendo su “tormenta perfecta”.
Por una parte, el desplome de la inversión pública por el arranque del nuevo sexenio, la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco y el retraso natural en el arranque de las nuevas obras, generó un impacto muy importante en toda la cadena productiva del sector.
Los grandes contratistas subcontratan a empresas medianas y frecuentemente, éstas lo hacen con empresas más pequeñas.
Es tan cíclico el sector que ninguna gran empresa se basta a sí misma. Sería fatídico tener la capacidad productiva ociosa para hacer frente a los grandes proyectos.
Por eso, el freno de la inversión pública, normalmente le pega al sector completo.
Pero, adicionalmente, hubo un cambio en las reglas del juego del sector de la vivienda, lo que propició que la edificación de hogares también se frenara.
Por si algo faltara, la situación de incertidumbre hizo que en muchos puntos del país las empresas dejaran de rentar y/comprar oficinas y plantas, y ello condujo a un crecimiento de los inventarios disponibles, que inhibió la edificación.
La ‘cereza del pastel’ fue lo que pasó en la Ciudad de México. El nuevo gobierno, bajo la hipótesis de que hubo muchos desarrollos irregulares, frenó casi completamente la actividad por varios meses, con objeto de revisar la situación legal de centros comerciales o desarrollos de usos mixtos, como es cada vez más usual.
Esta combinación de circunstancias fue la que motivó el freno de todo el sector, y con él, de múltiples empresas que son proveedoras de esta industria, desde materiales para la construcción, hasta muebles, equipo eléctrico, y muchas más.
Por eso es tan importante que sucedan dos cosas.
La primera y que tiene más al alcance el gobierno federal, es que se agilice el proceso para activar la inversión pública.
Se requieren que múltiples obras públicas se detonen en todo el país. Las grandes obras de este gobierno, o siguen en estudios de gabinete, o están enfrentando litigios legales.
Se requiere que proyectos más pequeños arranquen ya y empiecen a movilizar el esfuerzo productivo del sector.
Pero adicionalmente, se necesita que otras autoridades y gobiernos locales cambien su orientación y le pongan toda la energía a destrabar las obras en curso.
Si se sigue la burocracia usual, además de poner todo bajo sospecha de irregularidad, podemos pasar otro año con fuerte depresión en el sector.
Y finalmente, se requiere que semana tras semana -soy reiterativo, lo sé- se vayan acumulando signos que propicien la confianza de los inversionistas privados para que reactiven sus proyectos de inversión, que, en gran medida, tienen que ver con la construcción.
Cuando esta industria empiece a ir para arriba será un buen termómetro de que la economía empieza a recuperarse. Ojalá lo veamos pronto.
