El sistema de la monarquía sexenal, como lo califico Don Daniel Cosío Villegas tenía entre otras características, aquella, en la que el presidente saliente terminaba su periodo de gobierno en el mismo instante en que entregaba el símbolo del poder.
Esta particularidad no la fue siempre. La instaló Lázaro Cárdenas cuando confrontó y venció los intentos de Plutarco Elías Calles por eternizarse en el poder. Es conocido el pasaje histórico, pero vale la pena recordarlo en razón del propósito de este artículo. Calles ejercía el “maximato” y lo aplicaba con el apoyo de un importante sector del ejercito con líderes sindicales, agrarios, empresarios, y con políticos del entonces hegemónico Partido Nacional Revolucionario (PNR). Agudos periodistas identificaban al maximato con esta frase socarrona: “Aquí despacha el presidente, pero el que manda vive enfrente”. Efectivamente Pascual Ortiz Rubio como Abelardo Rodríguez despachaban en palacio nacional, pero Calles mandaba realmente desde su casona de la colonia condesa.
Eso mismo haría, era su plan, con Cárdenas. Lo nombra candidato del PNR; lo hace presidente a través de una poderosa maquinaria política-corporativa, y Calles, reafirmaría su poder, mandando desde la base de la pirámide del poder político en México, es decir, desde el caudillismo.
Cuando el sonorense intentaba de nueva cuenta imponer sus designios, Cárdenas reacciona y durante varios meses se lleva a cabo una intensa confrontación hasta que termina con el destierro de Calles.
Con Cárdenas, entonces, se inicia esa modalidad del régimen post revolucionario, identificado como la monarquía sexenal, es decir, el poder concentrado de manera absoluta en una persona, sin compartirlo con nadie, y con una duración exacta de seis años. ¡Ni un minuto más, pero ni un minuto menos!
Este relato histórico me sirve para sostener la hipótesis de que el acuerdo político-electoral de López Obrador con Peña Nieto implicó, incluso, la interrupción del mandato sexenal de Peña Nieto. Su gobierno, ciertamente, comenzó el 1 de diciembre de 2012, pero lo depuso –sin mediar reforma constitucional o procedimiento judicial alguno– el 2 de julio del 2018, cinco meses antes del periodo que le obliga la Constitución. ¡Hay una cesión del poder antes del tiempo constitucional, y es de facto!
La del 1 de diciembre próximo será una ceremonia que simplemente dará cause a un trámite formal, pues en los hechos quien se encuentra adoptando, desde ahora, las decisiones del ejecutivo es AMLO.
Desde las escalinatas de su casona de la roma y que hace las veces de sede del poder ejecutivo, el caudillo ha anunciado, la creación de prefecturas en el territorio nacional; ha girado instrucciones para que Marcelo Ebrard interponga, oficialmente y en el nombre del gobierno mexicano, gestiones ante los estadounidenses, especialmente aquellas relacionadas con los asuntos del tratado comercial de la América del Norte; ha ordenado la realización de una consulta ciudadana acerca de cuál es el sitio que la gente prefiere para la construcción del nuevo aeropuerto; ha decidido amnistiar a quienes hayan cometido delitos; ha dispuesto que el Procurador General de la Republica dependa política e institucionalmente del presidente; ha ordenado la construcción del Ferrocarril Maya; ha resuelto levantar tres nuevas refinerías; ha decidido privilegiar al poder económico y mediático, etcétera, etcétera. ¡Peña Nieto despacha (¡aun!) en los pinos, pero López Obrador es el que manda (¡desde ya!) en la colonia roma!
En el proceso con el cual López Obrador intenta regenerar el régimen de poder centralizado y personalizado de manera absoluta, no se repara en cuidar las normas constitucionales y legales; se trata, en sentido contrario, de hacer prevalecer el principio político en el que se sostienen los caudillos, esto es: ¡Lo que importa es el ejercicio del poder, no la ética del poder!
Jesús Ortega Martínez
