¿Justicia selectiva? 4T persigue a un priista y permite a un violador ser gobernador

¿Qué favores le deberá AMLO para defender a capa y a espada a Salgado Macedonio de todas las acusaciones en su contra?

Foto: Especial

Este martes, un juez giró una orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI en la Ciudad de México, y quien es acusado por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa, publicidad engañosa y asociación delictuosa.

Asimismo, giró órdenes de aprehensión en contra cuatro personas más, entre ellas Sandra Esther Vaca Cortés, excolaboradora de líder priísta y hoy diputada local por ese partido; y Roberto Zamorano, exsecretario de finanzas del PRI.

El proceso judicial que seguirán los acusados una vez que sean detenidos será el del sistema penal tradicional, que era la legislación aplicable en el momento en que se cometió el delito. Es por ello que al tratarse de un delito grave, ameritan la prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, lo que llama atención es que el Gobierno Federal no tenga una “cancha pareja” al momento de hacer justicia, prueba de ello es el polémico caso del senador Félix Salgado Macedonio, quien actualmente cuenta con varias denuncias de abuso sexual y en vez que las autoridades lo detengan permiten que este libre e incluso que se postule como candidato de Morena para contender por la gubernatura de Guerrero en las próximas elecciones federales del 6 de junio.

Cabe recordar que el senador con licencia es acusado de haber violado a una joven de 17 años en 1998 y de abusar de una trabajadora del diario La Jornada Guerrero en 2016.

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Asimismo, las diputadas de Morena aseguran que sobre él “recaen acusaciones de delitos sexuales graves contra cinco mujeres”. 

¿Qué favores le deberá Andrés Manuel López Obrador para defender a capa y a espada a Salgado Macedonio de todas las acusaciones en su contra?

Qué podíamos esperar si en esta 4T aplican una “justicia selectiva

Prueba de ello es lo ocurrido con la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

Por un lado, el gobierno de AMLO no respeta el debido proceso en contra de Robles Berlanga quien se niega a dar información que sea utilizada en contra de exfuncionarios; mientras que en el caso de Lozoya Austin aceptó colaborar con las autoridades para repartir culpas a de protección.

 Con información de UnoTv y El Financiero

MSA