Un juez federal de los Estados Unidos desestimó este viernes la demanda que presentó el Gobierno de México por 10 mil millones de dólares, en contra de los fabricantes de armas de ese país, por facilitar el tráfico de estas al crimen organizado en la frontera entre ambos países.
El juez de distrito en Boston, F. Dennis Saylor, dijo que todas las denuncias de México contra Smith & Wesson Brands Inc Sturm, Ruger & Co y otros acusados están prohibidas por la ley federal o fracasan por otras razones.
Indicó que la ley federal prohíbe inequívocamente las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas cuando la gente usa las armas para el propósito con el que se crearon.
“Aunque el tribunal siente una gran simpatía por el pueblo de México, y ninguna por quienes trafican con armas para las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir la ley”, escribió Saylor en una decisión de 44 páginas.
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En su demanda de agosto del 2021, México estimó que el 2.2 por ciento de los casi 40 millones de armas fabricadas anualmente en Estados Unidos se introducen como contrabando en México, incluyendo hasta 597 mil armas producidas por los acusados.
El Gobierno Federal dijo que el contrabando ha sido un factor crucial para empujar al país al tercer puesto mundial en el número de muertes relacionadas con armas. También afirmó sufrir muchos otros perjuicios, como la disminución de la inversión y la actividad económica y también la necesidad realizar un mayor gasto en la aplicación de la ley y seguridad pública.
Además, afirmó sufrir muchos otros perjuicios, como la disminución de la inversión y la actividad económica y también la necesidad realizar un mayor gasto en la aplicación de la ley y seguridad pública.
Sin embargo, el juez dijo que México no podía superar una estipulación que se encuentra en una ley estadounidense, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que protege a los fabricantes de armas de demandas por “los daños causados únicamente por el mal uso, delictivo o ilegal, de armas de fuego (…) realizado por parte de otros cuando el producto funcionaba como estaba diseñado y previsto”.
El Consultor Jurídico Legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, señaló que México seguirá peleando hasta que se apruebe la demanda por 10 mil millones de dólares.
“Es el primer round de un litigio complejo en el que vale la pena seguir luchando (…) Se trata de pelear contra la negligencia que permite que armas de fuego lleguen a manos de criminales”, indicó.
Con información de MVS Noticias y La Razón
MSA
