Juez de Campeche otorga suspensión provisional contra Tren Maya

El juez ordenó a las autoridades que detengan las actividades de la primera etapa de construcción y ejecución del proyecto “Proceso de Relocalización Consensuada”

Foto: Centro Urbano

El Juzgado Primero de Distrito en Campeche otorgó este miércoles un nuevo amparo provisional a tres comunidades del estado en contra del Tren Maya al considerar que hay “riesgos de desalojo forzosos”.

Un grupo de 80 personas que integran el Colectivo Tres Barrios en Campeche, explicaron que el impartidor de justicia ordenó a las autoridades correspondiente que detengan las actividades de la primera etapa de construcción y ejecución del proyecto denominado como “Proceso de Relocalización Consensuada”, nombre técnico de la fase de desalojo forzoso.

Para ello, familias que habitan en los barrios de Santa Lucía, La Ermita y Camino Real se resisten a ser reubicados para despejar la ruta del Tren Maya, una de las obras emblemáticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La suspensión tiene vigencia hasta el próximo martes 9 de marzo, fecha en la que se programó la audiencia en la que se definirá si la medida se mantiene hasta la resolución del juicio.

Desde el año pasado, familias de estas regiones conformaron el Colectivo Tres Barrios y en su primera denuncia señalaron que el “Proceso de Relocalización Consensuada” realizado por ONU-Habitat en contratación de Fonatur, “es en realidad un proceso de desalojo forzoso puesto que no se les está dando más alternativas que abandonar sus barrios”.

Hasta la fecha, ningún habitante no ha sido desalojado, pero denunciaron que el supuesto proceso de relocalización inició con información confusa y bajo la premisa de que el desalojo de sus barrios era “inminente”.

Un desalojo forzoso a diferencia de uno común, explican, es una violación al derecho a la vivienda prohibida por el derecho internacional, la cual consiste en obligar a personas a abandonar sus viviendas sin que haya una causa prevista en la ley o sin que se haya ordenado judicialmente o sin que se les haya permitido defenderse en juicio.

Actualmente, existen dos denuncias contra dicho proceso por parte de los integrantes del colectivo, la primera fue presentada en abril del 2020, la cual sigue en curso.

Con información de Latinus y Animal Político

MSA