IP va contra la “Ley Bonilla” en Baja California

Con un amicus curiae la cúpula empresarial de México intentarán frenar la ampliación de mandato que benefició a Jaime Bonilla

Especial

En un hecho inédito el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) –junto con los 12 organismos que lo conforman– presentó un recurso jurídico por la “Ley Bonilla” en Baja California.

Fue a través de un amicus curiae, donde los representantes del sector privado expresaron su condena a la aprobación de esta reforma, misma que han catalogado como una violación a la Constitución mexicana.

Por medio del documento antes mencionado, los organismos empresariales intentarán defender, con el poder Judicial de la Federación, “la conservación y el respeto del sistema democrático mexicano”, pues la extensión de mandato en en Baja California vulnera la Carta Magna. 

Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el CCE y sus organismos miembro presentaron un amicus curiae, con la intención de allegar consideraciones al Decreto 351 avalado por el Congreso de la entidad norteña, la cual amplió la gubernatura de Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

“El amicus curiae es un mecanismo a través del cual terceros que no son parte de un litigio, pero que tienen un interés justificado, pueden presentar una opinión técnica a un tribunal, que aporte elementos relevantes para consideración del poder judicial”, explicó El Financiero

Por otro lado, en un comunicado el CCE detalló que “el Decreto 351 es una norma electoral y vulnera la Constitución federal, que indica que las leyes electorales deberán modificarse con cuando menos 90 días de antelación al inicio del proceso electoral. Constituye una violación al ejercicio del derecho al voto consagrado en la Constitución Política del país”.

“Los ciudadanos de Baja California acudieron a votar por un gobernador que duraría en el cargo dos años y la modificación del periodo de mandato vulnera su derecho al voto”, dicta la nota informativa.

Con esta acción los firmantes reiteraron su rechazo a la aprobación de esta ley, pues se contrapone a las “expresión de la ciudadanía en las urnas, poniendo en entredicho la democracia y el estado de Derecho en Baja California”.

Con información de El Financiero