El sector privado mexicano señaló que es necesario convencer a las actuales autoridades federales que están haciendo mal las cosas en el sector energético, lo cual ahuyenta las inversiones del país.
En ese sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que el espantar a los empresarios y violentar el Estado de Derecho no servirá de nada para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Para ello, recordó el memorándum que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador con el cual pretende favorecer a estas dos empresas del Estado; por lo cual subrayó que actualmente están violentando el marco jurídico actual.
Por ello, hizo un llamado a la actual administración federal para que garantice un marco normativo que dote de certidumbre a los inversionistas.
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“Se atenta en forma directa contra los otros participantes en la industria que realizan actividades a lo largo de toda la cadena de valor, así como en contra de la confianza de la iniciativa privada. Debilitar a las instituciones, el ahuyentar a la inversión privada, y violentar el Estado de Derecho, no tendrá como resultado el fortalecimiento de Pemex o CFE”, señaló este organismo empresarial.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) externó su preocupación por la preferencia que ha hecho el gobierno de AMLO a las compañías presididas por Octavio Oropeza Romero y Manuel Bartlett, por lo cual señaló que es importante que se incentive la competitividad.
“Tenemos que lograr convencer a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el Director General de la CFE, Manuel Bartlett, convencerlos que lo que están haciendo, lo están haciendo mal, que la tendencia mundial es energía limpia, que vayamos de la mano juntos, y aunque nos estén dando palos, seguiremos buscando la manera mientras que no se rompa el diálogo”, resaltó.
Cabe recordar que a mediados de mayo de este año, Nahle firmó un acuerdo con el cual se frenaban las inversiones a las energías renovables; dicha decisión fue criticada por gobernadores y empresarios, esto al sostener que ello provocaría desconfianza entre los inversionistas quienes optarían por retirar sus capitales de México.
Con información de La Razón y Milenio
MSA
