El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó iniciar una investigación retuvo exhaustiva respecto al presunto desvío de recursos en el gobierno de Colima para financiar la campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena.
Cabe recordar que un reportaje de Latinus reveló que la administración de la morenista Indira Vizcaíno retuvo el 5 por ciento del salario de su personal de confianza, a fin de destinarlo a la campaña de la exjfefa de Gobierno de la Ciudad de Mjéxico.
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Debido a ello, la Comisión de Fiscalización del INE, que preside el consejero Jorge Montaño, presentó un proyecto que declaraba infundado el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización contra los partidos de la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, así como de Sheinbaum PArdo
“Tras la observación y valoración de los elementos técnicos proporcionados como pruebas, tendientes a determinar, únicamente sobre el particular de la supuesta retención patronal y/o entrega de dinero en efectivo por parte de los trabajadores en dependencias del estado de Colima, así como su asistencia a eventos, se concluye que respecto de las pruebas técnicas expuestas son ineficaces para acreditar los hechos”, proponía el proyecto inicialmente.
Sin embargo, el consejero Martín Faz propuso regresar el proyecto a la comisión para que se realizara una investigación más exhaustiva, pues aseguró que las indagatorias de la Unidad Técnica de Fiscalización no fueron adecuadas para el tipo de hechos que se denunciaban, toda vez que se trataba de descuentos realizados en efectivo, una vez que les era depositada la quincena a los trabajadores del gobierno de Colima, mientras que las averiguaciones estuvieron enfocadas en transacciones financieras bancarizadas.
“Comprendo perfectamente la complejidad de investigar el efectivo que se extrae del sistema bancario para precisamente no dejar rastro, como sí ocurrió en casos similares relativos a descuentos de nómina, razón por la cual considero que no es posible encontrar hallazgos relevantes a tan sólo unos cuantos meses de iniciada la investigación”, anotó.
La propuesta del consejero Martín Faz fue aprobada por 10 votos en favor de los consejeros, y uno en contra.
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En su investigación preliminar, dicha unidad revisó los estados de cuenta de 250 personas, entre los que destacan funcionarios integrantes de las nóminas de diversas dependencias del gobierno de Colima, en el periodo comprendido de enero a agosto de 2023, de los cuales se pudo identificar las retenciones y abonos realizados a las mismas.
De su análisis, la unidad concluyó que, si bien se observaron transferencias provenientes del estado de Colima como pago de nómina y retenciones de ley, compras diversas, transacciones entre personas y múltiples retiros, no se detectó actividad alguna referente a transferencias entre personas morales y algún partido político.
“Sobre este tema, estimo que se debe tener una particular sensibilidad al momento de preguntar si sufrieron algún tipo de retención ilegal de su salario o si fueron intimidados para entregar un porcentaje de su sueldo en efectivo, toda vez que, a diferencia de casos análogos a los que se ha enfrentado esta autoridad, ahora las personas continúan prestando sus servicios para la misma administración, lo que podría dirigir el sentido de sus respuestas o simplemente justificar su negativa a no contestar”, dijo el consejero Faz Mora.
Por tanto, el consejero Faz mora propuso devolver el proyecto a fin de que la Unidad de Fiscalización despliegue sus facultades de investigación, con base en lo dispuesto por el artículo 39, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización del INE.
“Razón por la cual la unidad debe explorar las vías jurídicas que se tengan al alcance, para garantizar algún tipo de protección o confidencialidad de los datos de las personas que ofrezcan un testimonio que les pueda significar algún tipo de prejuicio”, planteó.
Con información de Expansión Política y Latinus
MSA
