El reparto de tarjetas durante las campañas electorales a fin de atraer votos ha sido una práctica común de todos los partidos políticos.
Sin embargo, recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criminalizado esta práctica debido a su enorme desesperación y miedo que tiene por perder las próximas elecciones del 6 junio.
En ese sentido, esta mañana el mandatario tabasqueño pidió a la Fiscalía Especial de Delitos Electorales (FEDE) investigar a aquellos candidatos y partidos que ofrezcan tarjetas con recursos económicos a cambio de votos.
Pese a ello, las autoridades electorales han determinado que ello no es algo ilegal, ni ameritan sanciones como retirar las candidaturas de aquellos abanderados que incurren en esta práctica.
Por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó en 2017 una reforma que implementó el Instituto Nacional Electoral (INE) al reglamento de la Comisión de Fiscalización que prohibía la entrega de tarjetas para ofrecer beneficios durante las precampañas, esto a raíz de la elección en el Estado de México y la entrega de la tarjeta “Salario Rosa” por parte de Alfredo del Mazo.
De acuerdo con los criterios establecidos por el TEPJF, es legal que como propaganda electoral un candidato plasme sus propuestas, incluso las de apoyos económicos, en tarjetas plásticas o de cualquier otro material ya que puede tratarse de acciones futuras de gobierno.
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Por su parte, los propios consejeros del INE descartan este miércoles que se le retiren las candidaturas a aquellos aspirantes que estén repartiendo tarjetas como parte de sus promesas de campaña, al argumentar que “los cartoncillos son propaganda, sí quieren de mal gusto, pero no se trata de dádivas”.
Durante una sesión extraordinaria, los consejeros señalaron que están equivocados aquellos que piden el retiro de la candidatura a los abanderados a la gubernatura de Nuevo León, el priista Adrián de la Garza y la morenista Clara Luz Flores, porque la promesa de dar programas sociales no es violatoria de la legalidad electoral.
En ese sentido, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, apuntó que para pronunciarse sobre una queja por los gastos de campaña de algún candidato se debe fiscalizar y ese procedimiento lo concluirá el Instituto hasta el 22 de julio.
“No es posible pretender o suponer que el INE o el Tribunal nos pronunciemos a partir de una queja sobre la campaña, durante las campañas electorales, tal pronunciamiento solo es posible hasta que concluya la fiscalización de las campañas, hecho que ocurrirá a más tardar el 22 de julio”, indicó.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama sugirió a los quejosos quienes denuncian la entrega de tarjetas a que lean la ley, pues en ella, indicó, se establece que las denuncias de las contiendas a las gubernaturas, municipales y diputaciones locales se deben presentar a los Organismos Públicos Locales Electorales.
Con información de MVS Noticias y Forbes México
MSA
