México. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP), México ocupa el quinto lugar entre los doce países más diversos del mundo y concentra casi el 70% de la variedad de plantas y animales a nivel mundial y de acuerdo con la Semarnat, “estas características deberían ser razón suficiente para que la riqueza ambiental del país se proteja con base en altos parámetros internacionales”.
“Sin ahondar en las acciones de protección y sustentabilidad que deberían existir en un país mega diverso, los delitos cometidos contra el medio ambiente, ameritan ejercer acción penal en contra de quien ordene o ejecute, en razón de sus atribuciones, permitan o realicen actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de la vida humana”.
Sin embargo, actualmente en México, la impunidad ante los delitos ecológicos o cometidos en contra del medio ambiente, es sumamente notoria e innegable, pues de acuerdo con cifras del Global Witness3, tan solo en 2018 fueron asesinadas al menos 14 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, con lo cual México se posiciona en el sexto país más peligroso para este tipo de activistas.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo en 2019 se iniciaron al menos 1541 carpetas de investigación (CI) en las 32 entidades del país, donde las cinco entidades con mayor número de CI iniciadas, la lista la encabeza la Ciudad de México con 650, le sigue el Estado de México con 356, San Luis Potosí con 97, Veracruz con 86 y Michoacán con 72.
Pero eso no es todo, pues por otro lado, la adjudicación de responsabilidad para las empresas que contaminan de mares, ríos, hectáreas y kilómetros de tierra fértil, así también los responsables de actos que agravan la deforestación del país o que sustraen flora y fauna de sus lugares endémicos, supondría que la justicia debería encargarse de la reparación de los daños.
Lamentablemente en México predomina un ambiente, que es el de la impunidad, donde las miles de carpetas de investigación por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio, no son sancionados, quedando en impunidad y en la gran mayoría de los casos, las CI se archivan durante años sin recibir resolución alguna, siendo esta una de las acciones más graves en contra de la riqueza natural de México, la inacción.
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Con información de El Universal.
IL
