Human Rights Watch (HRW) criticó que el paquete de reformas a las leyes electorales, mejor conocido como “Plan B” de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que si se aprueba en su totalidad debilitará las capacidades del Instituto Nacional Electoral (INE).
Tamara Taraciuk, directora de funciones de la División en las Américas de la organización, advirtió que las instituciones que garantizan la democracia en la región de Latinoamérica se han visto amenazadas por gobernantes electos democráticamente.
“En nuestra región estamos viendo un gravísimo deterioro a la democracia y al estado de derecho, no solo en las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino un ataque directo, frontal a las instituciones democráticas, a los sistemas electorales, al Poder Judicial, a la prensa independiente y a la sociedad civil por parte de líderes electos democráticamente, que corre el riesgo de hacer tambalear los pilares fundamentales que sostienen a la democracia”, dijo.
Por ello, declaró que es imperante que los gobiernos latinoamericanos demuestren que, en cuanto a democracia, pueden responder a las necesidades de la gente, sin menoscabar el Estado de Derecho.
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Por su parte, Tyler Mattiace, investigador de la División de las Américas en HRW, expuso que la posible aprobación de la segunda parte del “Plan B” debilitará las capacidades del INE como órgano garante de la democracia mexicana.
Apuntó que, a pesar de que la reforma constitucional inicial no fue aprobada, “el Plan B también incluye elementos muy preocupantes que ponen realmente en riesgo la democracia y las elecciones libres e imparciales en México”.
“Tenemos la reforma que se aprobó en diciembre, que va a facilitar que servidores públicos utilicen su puesto y utilicen el presupuesto público para hacer campaña; y tenemos ahora la segunda parte de la reforma, que se va a votar en el Congreso en febrero, que va a intentar debilitar las capacidades del Instituto Nacional Electoral”, agregó.
En concreto, las capacidades del INE en las que haría mella la aprobación del “Plan B” serían las de fiscalizar y monitorear a las elecciones, así como la de castigar a quienes no cumplen las reglas de campaña.
Con información de Diario 24 Horas
MSA
