Luego de que en semanas pasadas se registró un enfrentamiento entre la Policía Federal, maestros de la CNTE y “otros grupos” en Nochixtlán, Oaxaca—que dejó un saldo de ocho muertos—, las víctimas están dispuestas a llevar el caso ante la Corte y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Reunidos en la Plaza de las Tres Culturas, en Tatelolco, alrededor de 50 heridos se dejaron ver este domingo enfundados en vendas, yesos, muletas y cubrebocas para protestar y existir justicia en lo que calificaron como “una masacre”.
Según las víctimas, las autoridades buscan imponer la hipótesis de que la población de Nochixtlán atacó a la fuerza de seguridad y que hasta el momento no hay una sola persona enfrentada a proceso por las muertes y heridos de Nochixtlán.
Demandaron que todos los responsables de la Policía Federal, incluyendo el mando Enrique Galindo, sean sometidos a proceso por crímenes de lesa humanidad.
Pero cabe señalar que mientras las víctimas de Nochixtlán analizan acudir con la CIDH, un grupo de relatores de esta Comisión creará un mecanismo de seguimiento especial —que será financiado por el Estado Mexicano—para el caso Iguala.
¿No será que las víctimas de Nochixtlán—como también en el caso Narvarte que apenas cumplió un año— quieren sacar raja política? ¿O será que buscan dinero más que justicia? ¿Alguien los está moviendo con fines políticos? ¿Cuánto podría costarnos, en caso de que se apruebe, las nuevas investigaciones para Nochixtlán?
Dirán algunos que la CIDH creó este mecanismo de seguimiento a la desaparición de los 43 normalistas, para beneficiarse económicamente, como sucedió en un primer momento.
