El dilema no es menor.
Resulta que los gobiernos de Morena confrontan, de manera perversa, el derecho constitucional a la propiedad privada y las acciones legales contra toda propiedad obtenida de manera ilegal.
Tal dilema pretende ser resuelto mediante una ley federal, y otra para la Ciudad de México, que proponen –en los dos casos–, arrebatar a los particulares toda propiedad que se presuma sea producto de ilicitos como la corrupción, el robo, secuestro y lavado de dinero, entre otros.
Tanto a nivel federal, como en la capital del país, la citada regulación es llamada Ley de Extinción de Dominio y más que un instrumento legal para hacer justicia parece una venganza y un despojo “con la ley en la mano”.
Es decir, se trata de ordenamientos que reglamentan el despojo de la propiedad privada, por parte del Estado –sobre todo inmuebles–, por causas como la presunción de un delito o, incluso, el absurdo de “romper los sellos” de clausura de una construcción.
En el fondo asistimos a una modalidad legal que más bien parece reglamentar el rencor social y la venganza política para despojar a la clase media de sus bienes inmuebles.
Dicho de otro modo, resulta que las citadas leyes para la Extinción de Dominio –la federal y la de CDMX–, tienen todas las características de una legislación rencorosa y vengativa, dirigida a perseguir, aterrar y empobrecer a la clase media –clase social que según los gobiernos de Morena y de Obrador ven como los enemigos de su proyecto–, a la que, por decreto, se quiere aniquilar.
En el primer caso, la Ley Nacional de Extinción de Dominio –ya aprobada por las cámaras del Congreso–, reglamenta el Artículo 22 constitucional y reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Además, define a la extinción de dominio como la pérdida de los derechos de una persona en relación con los bienes a que se refiere la propia Ley, declarada por sentencia de una autoridad judicial. Los bienes susceptibles de despojo son aquellos producto de secuestro, delincuencia organizada; en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; contra la salud, trata de personas, corrupción, encubrimiento y cometidos por servidores públicos, robo de vehículos y extorsión.
Según la Ley Nacional de Extensión de Dominio, la incautación de bienes –el robo con la ley en mano–, se hará efectiva sólo con la presunción del delito; figura idéntica a la aplicada en Venezuela para expropiar propiedades privadas.
A su vez, en Ciudad de México la Ley de Extinción de Dominio fue presentada el pasado 2 de julio al Congreso capitalino por los alcaldes de Morena, Layda Sansores y Víctor Hugo Romo y establece la expropiación –por parte del Estado–, de inmuebles en donde se violen los sellos de clausura de una obra, además de cárcel para el propietario.
Así lo dice la iniciativa –a todas luces inconstitucional–, y que aún se analiza en el Congreso capitalino, de mayoría morenista: “La extinción de dominio procederá sobre bienes inmuebles en los que se cometa el delito de quebrantamiento de sellos, sin perjuicio de que solamente una parte del bien inmueble haya sido objeto de ampliación, modificación, construcción, demolición, explotación o uso. En el caso de quebrantamiento de sellos de anuncios, la extinción de dominio procederá sobre el inmueble en que se encuentre instalado o soportado el anuncio”.
En pocas palabras, los gobiernos municipales de Morena, el gobierno de la CDMX y el federal –encabezado por López Obrador–, parecen dispuestos a desatar una persecusión de la clase media mexicana, a la que aterrorizarán con arrebatar sus propiedades si se oponen a las locuras de un gobierno que cadas día se acerca más a una dictatdura.
Además, de que la citada ley violenta los artículos 1, 14, 16, 22 y 73 constitucionales y deja en indefensión a los propietarios. ¿Lo dudan?
Va un ejemplo. Cualquiera de las alcaldías de CDMX puede clausurar el inmueble de un ciudadano crítico de Morena. La razón de la clausura puede ser “porque voló la mosca”.
Para dañar a ese ciudadano cítico de Morena, la propia delegación puede mandar “a un travieso” a romper los sellos de clausura y, de inmediato, la autoridad municipal o de la CDMX puede confiscar el inmueble.
Sí, un robo con la ley en la mano.
Al tiempo.
