En México no hay gobierno sino un infierno en manos del crimen organizado.
Ingobernabilidad producto de la muerte de las instituciones del Estado y en donde la Ley es la del más fuerte; “la Ley de la selva”.
Infierno alentado “por la entrega de la plaza” a mafias criminales, antes que defender al ciudadano de esas mafias, con las instituciones del Estado.
Un infierno que ha costado 170 mil vidas, producto de la violencia; 60 mil desaparecidos; decenas de feminicidios, miles de secuestros, desplazados y decenas de periodistas asesinados.
Por eso, frente al tamaño del infierno, obliga preguntar.
¿Qué más debe pasar –además de la alianza presidencial con los cárteles de Sinaloa y Jalisco–, para que todos los ciudadanos entiendan que en México el poder está en manos del crimen organizado?
¿Cuántos civiles más deben perder la vida –además de 170 mil que han muerto durante la gestión de AMLO–, para que los mexicanos abran los ojos sobre el fracaso del gobierno de López Obrador?
¿Cuántos desaparecidos deben abultar las estadísticas –además de los 60 mil extraviados, contabilizado en la gestión de López–, para que lambiscones de la política, la empresa y los medios, entiendan que llegó el momento de poner fin a esa tragedia nacional?
¿Cuántos feminicidios, cuántos secuestros, periodistas asesinados, niñas vendidas, ciudadanos desplazados y cuántos mexicanos más de luto, para entender que el gobierno y el Estado claudicaron su tarea, ante el crimen?
¿A qué nivel de violencia criminal y degradación social debe llegar México, para que los fanáticos entiendan que la “transformación” de López no es más que una simulación que convirtió al país en un infierno del crimen?
¿A qué nivel de cinismo e irresponsabilidad oficial deben llegar el presidente y sus aduladores y hasta dónde resistirán los jerarcas de todos los credos, para que las distintas denominaciones religiosas pongan un alto a la destrucción moral de México y los mexicanos?
¿Qué peor mensaje se puede enviar al mundo, si todos los signos vitales del Estado mexicano confirman que vivimos un “narco-estado” conducido por un “narco-presidente” y una economía secuestrada por los cárteles del crimen?
Sí, el presidente y sus corifeos pueden predicar misa y construir una montaña de mentiras –casi 200 mil mentiras–, pero hoy en México ya no mandan las instituciones; ya no existen los poderes y tampoco hay leyes que valgan.
Hoy en México el poder es de los barones del crimen y la Ley es “la Ley de la selva”. Y si lo dudan, aquí las pruebas.
1.- Según la revista norteamericana Science, las bandas del crimen, en su conjunto, son el quinto empleador en México, con un promedio de 175 mil “empleados”, lo que significas que la industria del crimen sólo es superada por gigantes de empresa como Femsa, Walmart, Manpower y América Móvil.
Es decir, que los cárteles criminales de Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Tepito, no solo son dueños del territorio, sino del gobierno y la economía. Por eso, México en un “narco-estado” y al de AMLO un “narco-gobierno”.
2.- Y ese poder lo conoció el mundo entero en un video difundido el pasado fin de semana, en donde habitantes de distintos municipios de Chiapas aplauden la llegada del Cártel de Sinaloa y la expulsión del Cártel Jalisco, en medio de una guerra civil en donde las instituciones castrenses son “floreros”.
Pero el empoderamiento criminal también se vive en Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Zacatecas –entre otras entidades “gobernadas” por Morena–, y en donde la economía está en quiebra a causa del imperio criminal.
3.- Y es tal la influencia criminal en estados como Chiapas, Michoacán y Oaxaca, que la jerarquía católica de esas entidades acusó de manera pública el contubernio entre gobernadores de Morena y las bandas criminales.
Sin embargo, son gritos en el desierto, ya que ni la Iglesia Católica ni otras denominaciones religiosas alzaron la voz lo suficiente –por ejemplo, a nivel internacional–, contra la violencia y el crimen que vive México; flagelos que, por pura casualidad, golpean más a los que menos tienen.
4.- Un poder criminal que, además, secuestró a la alcaldesa opositora de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, de quien nada se sabía hasta ayer y a quien “levantaron” sicarios del Cártel de Jalisco.
Una muestra más de que los grupos criminales son el brazo represor del gobierno federal, mientras que el partido Morena, sus gobiernos y legisladores “son el brazo político” de las bandas mafiosas.
5.- Y también la mañana del pasado domingo, sicarios que actúan a sus anchas en Sonora, mataron a dos policías y al periodista Jesús Gutiérrez Vergara, a quien los criminales alcanzaron fuera de su domicilio.
Con ese crimen se eleva a casi 80 el número de periodistas asesinados en la gestión de AMLO, lo que convierte a su gobierno en el más peligroso para el desempeño del periodismo y a México en el primer lugar mundial de muerte de informadores.
6.- La Ciudad de México es, en la gestión de Claudia Sheinbaum, la entidad que concentra el mayor número de feminicidios. Apenas el fin de semana, vecinos denunciaron la agresión a una joven de nombre Montserrat, asesinada a golpes por su pareja.
En un primer momento, la Fiscalía de la capital desestimó que se tratara de un feminicidio, sin embargo, un video difundido por los vecinos confirmó que el novio y el suegro de la víctima, sacaron del departamento el cadáver –de manera ilegal–, en donde la mujer estaba secuestrada desde hace más de un año. El criminal estuvo a punto de incinerar a su víctima, pero al final, la Fiscalía de CDMX debió reconocer que era feminicidio y logró la detención de los presuntos responsables.
7.- Y, por último, centros turísticos de calidad mundial, como los de Quintana Roo, parecen destinados al fracaso, ya que los empresarios han empezado a cerrar negocios antes que seguir tolerando las extorsiones.
Igual que ha ocurrido en Guerrero, Zacatecas, Sinaloa y Michoacán, los cárteles del crimen se han apoderado de muchas ramas empresariales del turismo en esa entidad, al extremo de amenazar con quemar hoteles, bares y restaurantes, si no les pagan “piso”.
Sí, a López Obrador le bastaron cinco años para destruir la democracia mexicana y para construir su propio “narco-gobierno”.
¿Hasta cuando?
Al tiempo.
