El Gobierno de Coahuila presentó una demanda de controversia constitucional contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por las reformas del “Plan B” dela Reforma Electoral que modifican diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El gobierno estatal encabezado por Miguel Ángel Riquelme Solís argumentó que se viola la soberanía presupuestal de las entidades al “invadir” las facultades constitucionales para la aprobación del presupuesto y cómo se ejerce.
Agregando que busca “que el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la información no se vea vulnerado y defender los mecanismos mediante los que la ciudadanía puede acceder a ellos”.
Se enfatizó que ya existe un presupuesto debidamente aprobado para este ejercicio 2023 para el estado y los municipios, y el decreto busca modificar de forma indebida las bases conforme a las que se ejerce de forma transparente el presupuesto aprobado; conviene recordar que este año Coahuila es uno de los dos estados en los que se llevará a cabo elección de Gobernador.
“Esta reforma se traduce en una invasión de facultades que constitucionalmente le corresponden de forma única y exclusiva a los poderes locales y no a la federación, como lo es la aprobación del presupuesto de egresos por parte del legislativo estatal”, señala la demanda.
A través de la demanda, el Gobierno del Estado de Coahuila, pretende el restablecimiento del orden constitucional a fin de que el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la información no se vea vulnerado y defender los mecanismos mediante los que la ciudadanía puede acceder a ellos, algo que no sería posible de prevalecer la reforma aprobada en el congreso federal.
Por su parte, el Gobierno Municipal de Saltillo también acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exponer una controversia constitucional contra el “Plan B”.
Con información de El Siglo de Torreón y La Silla Rota
MSA
