Javier Milei, presidente de Argentina, firmó un decreto con el cual cesa los contratos de trabajadores estatales que ingresaron en el último año.
De acuerdo con cálculos de la administración del ultraderechista, se estima que cinco mil trabajadores públicos resulten afectados por este anuncio.
Sin embargo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), advirtió que en realidad podrían ser despedidos más de 7 mil empleados.
Asimismo, dichos números podrían subir aún más, pues el nuevo gobierno argentino revisará en los próximos 90 días los contratos de trabajadores del sector público empleados antes del 1 de enero de 2023, y los sindicatos están en alerta.
Esta medida afectará a aquellos trabajadores de la administración central del Gobierno y de los organismos descentralizados del Estado, así como de aquellas empresas públicas y sociedades anónimas de mayoría estatal, como la energética Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Por su parte, Manuel Adorni, portavoz presidencial, agregó que la administración de Milei revisará más de un millón de planes sociales -que tienen un valor total de 10 mil millones de pesos argentinos (12,45 millones de dólares)- para detectar irregularidades.
El objetivo del Gobierno argentino es “transparentar el sistema, que cobren los que lo necesiten y que [los planes sociales] dejen de funcionar como un negocio para los intermediarios y los titulares de las organizaciones sociales“.
Por último, los sindicatos ya han anunciado que las protestas continuarán e inciden en la necesidad de avanzar en un gran paro nacional y el primer paro total de aquellas actividades relacionadas con las empresas y entidades públicas.
Con información de El País y El Periódico
MSA
